En menos de 20 días, 20 víctimas de secuestro colectivo

Información de La Razón///Claudia Arellano

Cifra de casos se dispara más de 56 por ciento en últimos 4 años en México; en Sinaloa aseguran 30 explosivos en operativo de búsqueda de mineros; sobre su plagio se indagarán todas las líneas: CSP.

Sólo del 23 de enero al 10 de febrero de 2026, al menos 20 personas fueron víctimas de secuestros colectivos o desapariciones forzadas, la mayoría de ellos, presuntamente en manos del crimen organizado en municipios de Sinaloa.

El 3 de febrero, Omar, Óscar, Gregorio y Javier, integrantes de la familia Ramírez, del Estado de México, desaparecieron en Mazatlán, adonde llegaron en un viaje que le regalaron a su madre, para celebrar sus cumpleaños.

Las autoridades informaron que estas personas, junto a dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron secuestradas por hombres armados en la Zona Dorada de Mazatlán, luego de rentar vehículos tipo Razer. Más tarde, los vehículos fueron hallados abandonados al igual que las mujeres, quienes estaban con vida en el poblado El Habla.

•  El Dato: La minera canadiense Vizsla Silver Corp, cuyos trabajadores fueron plagiados, aseguró que mantiene una política de cero tolerancia ante el soborno y la extorsión.

El 7 de febrero, en la carretera Los Mochis-Ahome, cinco hombres y una mujer fueron secuestrados. Sujetos armados los interceptaron cuando regresaban a Los Mochis, donde viven, luego de pasar el fin de semana en Mazatlán. Las víctimas fueron identificadas como José Ángel y Juan Antonio Soto Espain, de Los Mochis; Luis Ramón Flores Ceballos y su hijo Luis Armando Flores Vallejo, de Mazatlán, y Heriberto López Díaz. La Fiscalía General del Estado confirmó la nueva denuncia, pero discrepó en el número de plagiados, señaló que sólo eran tres.

El caso más numeroso ocurrió el 23 de enero: 10 empleados de una empresa minera canadiense fueron secuestrados en el municipio de Concordia, cerca de Mazatlán. Los trabajadores, originarios de Oaxaca, Guerrero, Sonora, Chihuahua y Zacatecas estaban a punto de partir del campamento La Clementina. Autoridades creen que un grupo armado los interceptó y desde ese momento se reportaron como desaparecidos.

La violencia desatada por el crimen organizado en esta entidad sólo abona al incremento de casos a nivel nacional. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, en los últimos cuatro años el número de víctimas de secuestro en el país creció 56.28 por ciento, al pasar de 60 mil 716 víctimas en 2021 a 94 mil 888 en 2024, el último año de registro.

Los datos de 2024 indican que, en promedio, en México 260 personas fueron secuestradas todos los días.

COMPLICIDAD DE EMPRESAS. El especialista en seguridad David Saucedo afirmó que empresas extranjeras, particularmente mineras canadienses, “de manera muy pragmática colaboran con los grupos del narcotráfico y pagan el así llamado derecho de piso”, a fin de poder operar en regiones con presencia del crimen organizado.

El analista señaló que, en algunos casos, estas compañías incluso “contratan a los grupos criminales para contener movimientos ambientalistas o sociales, incluso para amedrentar a la prensa” ante conflictos relacionados con impactos ambientales o laborales.

Las declaraciones se dan en el contexto del secuestro de trabajadores mineros en la zona de Concordia, Sinaloa, hecho que —según Saucedo— podría estar vinculado a represalias entre grupos criminales por el control de ingresos ilegales alrededor de la actividad minera.

“Si damos por buena la versión en el sentido de que fueron Los Chapitos quienes secuestraron a los mineros, es de suponer que esta minera tenía algún tipo de contacto con el grupo de El Mayo Zambada”, expresó el especialista, al referirse a la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

El caso ha evidenciado también la crisis de desapariciones múltiples en la región. Pablo Osorio, ingeniero civil originario de Oaxaca, desapareció la misma mañana que los mineros, cuando se dirigía a su trabajo en la cabecera municipal de Concordia. Hasta el momento no hay información oficial sobre su paradero, así lo dijo su tío, quien prefirió no dar su nombre por seguridad.

En paralelo, colectivos de búsqueda han localizado fosas clandestinas en la zona de El Verde.

Marisela Carrizales, madre buscadora que encabeza el colectivo Por las Voces sin Justicia, afirmó que hasta ahora se han recuperado 14 cuerpos, aunque existen indicios de que podría haber más entierros clandestinos.

De acuerdo con datos confirmados por la Fiscalía General de la República (FGR), 10 cuerpos han sido oficialmente contabilizados, de los cuales cinco corresponderían a los mineros desaparecidos. Por su parte, la Fiscalía de Sinaloa trabaja en otras cuatro fosas ubicadas a aproximadamente 1.5 kilómetros del primer punto.

Maricela, igual que las otras madres buscadoras, denuncia falta de información y coordinación por parte de las autoridades, así como ausencia de convocatorias formales para realizar jornadas conjuntas de búsqueda.

Iris Manríquez, líder de colectivos en Sinaloa, alertó sobre un incremento en la localización de inhumaciones clandestinas. De 2025 a la fecha, dijo, se han encontrado más de 150 restos humanos en distintas zonas del estado.

Además, señaló que los panteones forenses carecen de controles adecuados para la identificación y seguimiento de restos, lo que complica la labor de las familias que buscan a sus desaparecidos.

Mientras tanto, la exigencia de los colectivos se mantiene: mayor transparencia, coordinación interinstitucional, así como apoyo efectivo para la búsqueda de personas desaparecidas en una entidad marcada por la disputa entre grupos criminales.

CSP: en caso de mineros se investigan todas las líneas

› Por Claudia Arellano y Tania Gómez

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza una investigación “profunda” sobre el caso de los mineros desaparecidos en Sinaloa, ante versiones que apuntan a un posible móvil de extorsión, y aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación, incluida una eventual responsabilidad empresarial.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que en México existe una estrategia nacional contra la extorsión, delito que —dijo— afecta gravemente a la ciudadanía por estar acompañado de amenazas directas.

•  El Tip: La Asociación de Ingenieros de Minas convocó a una marcha este sábado en memoria de sus compañeros muertos y desaparecidos.

Sheinbaum indicó que uno de los detenidos declaró que hubo una “confusión” al identificar a los mineros como integrantes de un grupo delictivo; sin embargo, aclaró que esa versión no es concluyente.

“Esa es la información de los detenidos. Evidentemente la Fiscalía está haciendo una investigación mucho más profunda, no solamente se le va a creer al detenido”, puntualizó.

Añadió que la indagatoria incluye entrevistas con familiares, trabajadores mineros y la propia industria, a fin de esclarecer las condiciones laborales y determinar si existían amenazas previas o situaciones de extorsión.

“Tenemos que apoyar a las víctimas, estar cercanas a ellos, averiguar exactamente la condición laboral de los mineros, ver si hay alguna o no responsabilidad de la minera y hacer una investigación profunda sobre la causa”, sostuvo.

La Presidenta expresó su deseo de que las personas reportadas como desaparecidas se encuentren con vida y reiteró el respaldo permanente del gobierno federal a las familias.

Cuestionada sobre testimonios que señalan que la empresa conocía amenazas previas contra trabajadores y que habría mantenido operaciones pese a un contexto de riesgo, Sheinbaum indicó que estos elementos forman parte de la investigación en curso.

Por separado, la Secretaría de Marina reportó que durante un recorrido terrestre que realizaban elementos castrenses asignados a las labores de búsqueda de los mineros desaparecidos en Sinaloa, localizó y neutralizó 30 artefactos explosivos improvisados, en una operación coordinada que evitó que el crimen organizado utilizara este material bélico contra fuerzas de seguridad y población civil.

Imagen de portada: La Razón/// Familiares de desaparecidos marcharon en Mazatlán, el pasado 9 de febrero. Foto: Cuartoscuro