El Paquete Económico 2026, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llega en un mal contexto nacional e internacional de desaceleración económica, incertidumbre en el comercio internacional y cambios estructurales internos, como las propuestas de reforma del Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.
Según un análisis preliminar del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los 16 programas sociales prioritarios concentran 987 mil millones de pesos, lo que representa cerca del 10% del gasto total y un aumento real del 14.1% respecto al año anterior. Destacan los incrementos presupuestales para la Pensión Mujeres del Bienestar (267%), Salud Casa por Casa (93.2%) y la Beca Rita Cetina (58.6%). El Programa de Adultos Mayores continúa siendo el de mayor asignación, con más de 526 mil millones de pesos.
Se prevén ingresos públicos por 10.20 billones de pesos, equivalentes al 22.5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa un aumento del 5.9% en comparación con 2025. El Paquete propone una mayor recaudación tributaria, serán muy duros contra la evasión fiscal y aumentarán impuestos a productos como bebidas azucaradas, tabaco, apuestas y videojuegos violentos.
Adicionalmente, se impondrán aranceles de entre 10% y 50% a productos de países con los que México no tiene tratados comerciales. Estos aranceles se aplicarán a bienes como plásticos, vidrios, papel, motocicletas, calzado, muebles, juguetes, aluminio, electrodomésticos y productos automotrices.
Aunque se proyecta un gasto público anual de 10.1 billones de pesos, el sector salud sigue siendo una asignatura pendiente. Le asignarán 995 mil millones de pesos (2.6% del PIB), una cifra que no cumple con el estándar internacional del 6% del PIB para este sector.
El Paquete Económico 2026 está actualmente en revisión en el Congreso, donde el foco está en los programas sociales. Sin embargo, por el gran presupuesto asignado a estos programas, es mucha la tentación para querer sacar raja política y beneficiarse de las lealtades de los apoyados.
La Ley Federal establece penas de siete a quince años de cárcel para quienes se aprovechen ilícitamente de los programas sociales, claro, siempre y cuando las autoridades judiciales hagan su trabajo.
¿O usted qué opina?
Historias similares
Por qué los jóvenes se quieren ir tan temprano?
Ya le enviaron el primer aviso
Investigación sobre huachicol, “hasta donde tope”: Sheinbaum