Si finalmente Morena logra despojar a Movimiento Ciudadano (MC) de las alcaldías de Papantla y Poza Rica, y quitarle al PAN la de Boca del Río, el partido de oposición que paradójicamente gobernará más cabeceras distritales locales en Veracruz a partir de enero de 2026 será el PRI, que se adjudicó triunfos en los municipios de Perote, Orizaba y Cosoleacaque.
Sin embargo, esas victorias del Revolucionario Institucional son engañosas ya que no significan que se vayan a reeditar en las elecciones intermedias del 2027, cuando se votarán diputados locales y federales.
Y es que, en Perote, por ejemplo, luego del aplastante triunfo de Morena en 2024, el PRI logró ganar la alcaldía con Vinicio Ascencio Fernández, un próspero empresario tabiquero y terrateniente al que muchas familias de la región le deben favores. Pero en las próximas elecciones legislativas difícilmente encontrarán un perfil ganador igual. El único sería el excandidato a gobernador Pepe Yunes Zorrilla, pero habrá que ver si logran convencerlo de postularse.
En Cosoleacaque los hermanos Cirilo y Ponciano Vázquez Parissi han vuelto a retener la presidencia municipal, pero tampoco se ve que quieran arriesgar su capital político en la próxima elección de diputados. En 2024 abandonaron a su “amigo” Yunes Zorrilla al evadir enfrentarse personalmente a Morena, optando por mandar a candidatos débiles para la diputación local, al regidor primero Rogelio León Morales, y para la curul federal a Nena Romero, una integrante de la Fundación “Cirilo Vázquez”. Ahora, a nadie sorprendió que el oficialismo les facilitara a los carnales traspasarse el control del ayuntamiento con sus millonarios recursos.
Y, en Orizaba, se dio una situación similar a la de Cosoleacaque con el grupo empresarial que lidera el munícipe saliente Juan Manuel Diez Francos, que luego de ser arrasado en la sucesión estatal del año pasado ahora logró retener la alcaldía con Hugo Chaín Kuri, uno de los descendientes de segunda generación que fungía como presidente del DIF municipal.
Así que el aparente resurgimiento del priismo en Veracruz es mero espejismo, y en los siguientes comicios se confirmará si no hay cambios en las direcciones nacional y estatal del partido tricolor, pues el presidente del CEN, Alejandro ‘Alito’ Moreno, enfrenta la amenaza de Morena de ser desaforado y procesado penalmente por un presunto desvío de más de 83 millones de pesos en su administración como gobernador de Campeche –motivo por el que el reelecto líder priista se ha declarado perseguido político y ha buscado el apoyo de Washington y últimamente del gobierno de Perú, cuyo Congreso declaró el lunes antepasado “persona non grata” a la presidenta Claudia Sheinbaum–, mientras que, en Veracruz, su incondicional Adolfo Ramírez Arana se ha ganado el repudio de la militancia por su nepotismo, ya que del par de diputaciones locales plurinominales que logró conseguir el priismo, una se la asignó a su esposa Ana Rosa Valdés Salazar.
Un indicio del debilitamiento del PRI es que, según ha trascendido, se perfila a renovar su Consejo Político Nacional –que estatutariamente es el segundo órgano de dirección, sólo por debajo de su Asamblea Nacional– en un proceso en el que, además de reducir la cantidad de sus integrantes casi a la mitad, permitirá excepciones a sus propias normas para que se inscriban a la justa personas recién afiliadas.
Durante la asamblea del Revolucionario Institucional realizada en julio del año pasado, en la que se avaló que los dirigentes nacionales y estatales puedan relegirse en sus cargos, ese órgano partidista también hizo más compacto su Consejo Político con el argumento de lograr una “toma de decisiones más rápida y eficiente”, además de ahorrar recursos.
Con lo anterior, esa instancia pasó de tener al menos 588 integrantes a sólo 330 con la nueva integración, sin contar algunos de los espacios designados en este órgano, entre ellos los destinados a los gobernadores, de los que actualmente sólo hay dos del PRI, pero uno de ellos, el duranguense Esteban Villegas Villarreal, se declaró públicamente “Claudista” en un evento que la mandataria morenista encabezó el viernes 5 de este mes en la capital de esa entidad norteña.
Además de dirigentes locales y de los sectores del PRI, el consejo está integrado por un grupo que es definido por el voto directo de los militantes. Hasta el año pasado eran 160 los puestos de ese tipo, pero se redujeron a 128. La dirigencia nacional emitió una convocatoria para realizar la votación el próximo 5 de octubre, pero estableció una excepción a sus propios estatutos.
A pesar de que para ser consejero político se indica que deben contar con al menos cinco años de militancia, la Comisión de Procesos Internos aprobó que, “ante la urgencia de maximizar la participación incluyente” de los jóvenes, “en el caso de que algún militante joven opte por incorporarse al cargo de consejero político nacional en su calidad de propietario o suplente y no tener por cumplida la antigüedad exigida en la convocatoria, se le dé por subsanado este requisito”.
Esa excepción también aplicará para los 32 espacios designados en el Consejo Político para un diputado o diputada local.
El viernes antepasado, por cierto, en Mérida, Yucatán, Luis María Alcalde, dirigente nacional de Morena, declaró que “en los dos estados donde gobiernan los priistas, los gobernadores plantearon el apoyo a la presidenta y se declararon ‘claudistas’. Alito cada vez está más aislado, solo y no representa a nadie, incluso dentro de su partido. Por eso están en el basurero de la historia”.
VINCULAN A PROCESO A
EX GOBERNADOR DE NAYARIT
A propósito, ayer trascendió que la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió la vinculación a proceso de Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador priista de Nayarit, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la autoridad, el exmandatario del partido tricolor participó en lavado de dinero por 156 millones de pesos.
Tras escuchar los argumentos de la FGR, el juez de Control consideró que existían indicios razonables para atribuirle al ex gobernador nayarita la comisión del delito.
El ex mandatario estatal, hoy vinculado a proceso, seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal. Sandoval gobernó Nayarit entre el 19 de septiembre de 2011 y 18 de septiembre de 2017.
Abanderado por el Partido Revolucionario Institucional, Sandoval formó parte de la que el ex presidente Enrique Peña Nieto dijo era “la nueva generación” del PRI, junto con el ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, quien está por cumplir su condena de 9 años de prisión en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa al ex gobernador Sandoval, de Nayarit, de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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