Eduardo N., cada quién en su lugar

En Córdoba, el caso de Eduardo Mondragón, ex regidor noveno, ha vuelto al ojo público. Detenido en octubre del año pasado por el presunto delito de violación agravada, hoy sus simpatizantes reactivan la polémica, no con pruebas de descargo, no por avances en su proceso judicial, sino por algo mucho más “cómodo”: la acusación de persecución política.
Porque ahora resulta que ya no se trata de un señalamiento por agresión sexual, sino de una vendetta orquestada desde el cabildo, con la síndica Vania López como presunta titiritera. Y vale la pena hacerse la pregunta que muchos no quieren responder con seriedad: ¿realmente una síndica tiene el poder de fabricar delitos, manipular a la Fiscalía General del Estado y, para rematar, influir en la decisión de un juez de control? Ah! Y sobre todo: buscar una víctima? A ese nivel de fantasía estamos llegando… ¡Ni que fuera Cuic!
La lógica pretenden invertirla peligrosamente: en lugar de que sea el acusado quien rinda cuentas ante la ley, se pretende que sea la ley la que pida perdón por atreverse a tocar a un funcionario… o al menos eso pretenden los amigos y familiares de Eduardo N, para que así, lo penal se convierta en político, y el fondo se pierde en una nube de pancartas y discursos de victimización. No es la primera vez que ocurre ni será la última, pero sigue siendo igual de preocupante.
Hay que decirlo con todas sus letras: que alguien tenga una posición política no lo convierte en intocable… y tampoco en “perseguido” por el simple hecho de enfrentar a la justicia. En el caso de Eduardo “N”, no hablamos de un solo señalamiento: hay antecedentes de carpetas de investigación por acoso, previas a la actual imputación por violación. Estos penosos asuntos quedaron asentados en las carpetas de investigación 1251/2023 y 1252/2023. ¿Eso también es parte del “complot”?
Es fácil subirse al discurso de la persecución política, especialmente en tiempos donde las redes sociales parecen más ávidas de conspiraciones contra políticos que de justicia para una mujer. Pero el riesgo es enorme: se desvirtúa el proceso judicial, se revictimiza a la parte denunciante y se coloca a las instituciones del Estado bajo sospecha sin pruebas, sólo con dichos y acusaciones al aire.
La síndica Vania López ya dio respuesta, anunciando que tomará acciones legales contra quienes la calumnian. Bien hace. Porque una cosa es criticar desde lo público y otra muy distinta es lanzar señalamientos sin sustento que dañan reputaciones y enturbian procesos. Ella pone el ejemplo de no mezclar su función con un tema en el que no hay evidencia de su involucramiento.
Lo penal debe seguir su curso. Lo político, también. Pero que no se crucen, al menos no en nombre de la conveniencia o la defensa desesperada. Porque cuando todo es “persecución política”, entonces nada es justicia. Y ahí sí, perdemos todos.
Mientras, hay que poner las cosas en su justa dimensión: Eduardo N, está en el penal de La Toma, Amatlán; Vania López, en funciones como Síndica; y una víctima, en espera de Justicia