Disputa silenciosa

En política, las palabras no son ingenuas. Nombran jerarquías, revelan lealtades y, sobre todo, evidencian quién ejerce realmente el poder.

En ese terreno simbólico —que para la ciencia política es un indicador clave de autoridad efectiva— se libra una disputa silenciosa dentro del actual régimen mexicano.

Diversos analistas subrayan un fenómeno peculiar: algunos de los cuadros más influyentes del oficialismo continúan refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador como “Presidente”, mientras que a la titular del Ejecutivo se le menciona simplemente por su nombre: Claudia.

El comentario fue expuesto públicamente por el periodista Joaquín López-Dóriga en su leída columna “En Privado” de Milenio, pero el asunto trasciende el terreno mediático y abre un debate relevante sobre la naturaleza del poder político en la llamada 4T.

En teoría política, Max Weber explicó que el poder se sostiene no sólo en las instituciones, sino también en la legitimidad simbólica del liderazgo. Cuando el reconocimiento del mando se diluye o se fragmenta, emerge una tensión entre autoridad formal y autoridad real. Ese fenómeno parece insinuarse en el actual momento político mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum gobierna formalmente el país, pero dentro de su propio movimiento sobreviven figuras que construyeron su poder político bajo la sombra del liderazgo perverso de López Obrador. Entre ellos destacan personajes con gran peso institucional y legislativo: Rosa Icela Rodríguez, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Ignacio Mier, Luisa María Alcalde, Zoé Robledo y Laura Itzel Castillo, entre otros.

Muchos de estos actores no son simples funcionarios; son operadores políticos con capacidad de movilización, negociación parlamentaria y control de estructuras partidistas.

En términos prácticos, constituyen una élite política que heredó posiciones estratégicas tras el sexenio anterior.

La pregunta inevitable es si esa herencia perniciosa se traduce también en una tutela política.

La historia política mexicana ofrece copiosos ejemplos de liderazgos que intentaron ejercer influencia más allá del poder formal.

Desde el llamado “Maximato” en la década de 1930 hasta episodios más recientes de presidencialismo informal, el país ha conocido momentos en los que el liderazgo político se prolonga más allá del cargo.

En ciencia política comparada, este fenómeno suele denominarse “liderazgo residual” o “autoridad carismática persistente”.

En el caso mexicano actual, algunos críticos sugieren que desde Palenque —lugar donde el exmandatario fijó su residencia tras dejar el cargo— continúa esparciendo influencia política sobre sectores del movimiento gobernante.

No se trata necesariamente de órdenes directas, sino de una referencia simbólica permanente que mantiene cohesionada a una parte importante de la élite política del oficialismo.

Esta situación genera de manera ineludible tensiones internas. Un gobierno necesita coherencia para gobernar, pero también claridad en las líneas de mando.

Cuando las lealtades se dividen entre el liderazgo pasado y el liderazgo presente, surgen fricciones que pueden traducirse en discordias políticas, contradicciones discursivas o conflictos de poder.

Mientras tanto, el país enfrenta problemas estructurales que demandan atención inmediata: inseguridad persistente, polarización política y desafíos institucionales que ponen a prueba la estabilidad democrática.

En ese contexto aparece el debate sobre la viciada reforma electoral impulsada por el oficialismo, la cual, según sus promotores, busca reducir costos y transformar el sistema de representación; pero para sus críticos representa un intento de perpetuar un dominio político.

La política democrática, sin embargo, tiene una característica fundamental: la temporalidad del poder.

Ningún liderazgo es eterno y ningún proyecto político está exento de desgaste.

Todo en la vida tiene su fin.

Como señala la teoría republicana desde Montesquieu hasta Hannah Arendt, la rotación en el poder es uno de los mecanismos esenciales para preservar la libertad política.

Los actores que hoy ocupan posiciones de poder dentro del oficialismo —muchos de ellos protagonistas de la narrativa moral de “no mentir, no robar y no traicionar”— enfrentan ahora el desafío de demostrar si esos principios eran un programa ético o simplemente una consigna de campaña.

Porque en política, como en la historia, el juicio final no lo dicta el discurso ni la propaganda. Lo dicta el tiempo. Y el tiempo, tarde o temprano, siempre pone a cada actor en su lugar.

Así las cosas.