Xalapa, Ver.– Integrantes de la Comisión Estatal de Taxistas de Veracruz manifestaron su desacuerdo con el reciente ajuste a las tarifas del servicio de taxi autorizado por el Gobierno del Estado, al considerar que no refleja las condiciones reales del sector ni respeta lo estipulado en la legislación vigente.
En una rueda de prensa celebrada frente a las oficinas de la Dirección General de Tránsito, Pedro Fernández Fernández, presidente de la Alianza de Transportistas y Anexos de Veracruz (ATAV), expresó que las nuevas tarifas –particularmente la mínima fijada en 27 pesos– fueron determinadas sin un análisis integral de los factores económicos que impactan la operación de los taxis.
Según explicó, la decisión gubernamental tomó como base un incremento del 116% por concepto inflacionario acumulado en las últimas dos décadas, dejando fuera elementos contemplados por la Ley 589 de Tránsito y Transporte, como el alza en combustibles, refacciones, mano de obra e inversiones necesarias para la prestación del servicio.
Fernández subrayó que el costo de la gasolina ha pasado de $6.70 en 2002 a más de $24 en 2025, lo que representa un aumento superior al 250%. A ello se suman los incrementos en precios de llantas, aceites, servicios mecánicos, seguros y tasas de interés, lo cual —afirmó— “no puede ser ignorado en el diseño de una política tarifaria justa”.
El dirigente reconoció que anteriormente se sostuvieron reuniones con funcionarios estatales, incluyendo las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, en las que se habló de abrir mesas de trabajo con el sector. Sin embargo, dijo sentirse sorprendido por el anuncio de las tarifas, pues “se rompió la interlocución y no se respetaron los acuerdos planteados”.
Ante este panorama, los representantes del gremio solicitaron formalmente una mesa de diálogo con la gobernadora Rocío Nahle García para replantear el esquema tarifario y lograr consensos que respeten lo dispuesto en la ley y respondan a la realidad económica del sector.
Finalmente, no descartaron acudir a instancias legales o realizar movilizaciones pacíficas en caso de que no haya apertura por parte del Ejecutivo estatal, aunque reiteraron su disposición a agotar todas las vías institucionales antes de tomar medidas más contundentes.
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