Diez años de impunidad desde el asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo, asegura su hijo

Xalapa, Ver.- Este 2 de enero se cumplieron diez años del asesinato de Moisés Sánchez Cerezo, periodista y activista de Medellín de Bravo, Veracruz. Su hijo, Jorge Sánchez, encabezó una manifestación en la Plaza Lerdo de Xalapa para exigir justicia, denunciando la falta de acción por parte de las autoridades a lo largo de una década: “Lo único que hemos recibido son promesas vacías”, asegura Jorge, recordando reuniones con altos funcionarios, entre ellos Rosa Icela Rodríguez y Alejandro Encinas, quienes se comprometieron a investigar el caso, sin resultados hasta la fecha.

La tragedia de Moisés Sánchez no es un caso aislado. Jorge menciona otros nombres que hoy resuenan en la memoria colectiva: Rubén Espinoza, Juan Mendoza, Gregorio Jiménez, María Elena Ferral y Jacinto Romero. Todos ellos periodistas asesinados cuyos casos permanecen en la impunidad. Ante esta crisis, surgió la Red Nacional en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos, que reúne a familiares de las víctimas para exigir justicia, apoyo integral y garantías de no repetición.

En el caso de Moisés Sánchez, las irregularidades son alarmantes: “Solo hay un detenido, quien posiblemente obtenga su libertad debido a alegatos de tortura durante su detención”, detalla Jorge. Además, el exalcalde de Medellín de Bravo, Omar N, señalado como presunto implicado, sigue prófugo, presuntamente protegido por redes de poder político. Las deficiencias del sistema judicial y el desinterés gubernamental han frustrado cualquier avance significativo en la investigación.

Jorge también critica el funcionamiento de la Comisión de Atención a Víctimas y el Mecanismo de Protección a Periodistas, calificándolos de ineficientes: “Diez años después, seguimos enfrentando un estado descompuesto, incapaz de garantizar justicia o siquiera asumir su responsabilidad”, concluye.

La lucha de Jorge Sánchez y las familias de otros periodistas caídos busca no solo justicia, sino preservar la memoria de quienes dedicaron su vida a la verdad, a pesar de los riesgos que ello implicaba. Sus demandas son claras: justicia para las víctimas, garantías de no repetición y un sistema que respalde a las familias afectadas.