Xalapa, Ver.- La reciente designación de Adrián Gómez Ortega como director administrativo de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) ha desatado una oleada de preocupación entre el personal de la institución, quienes cuestionan la idoneidad del funcionario para el cargo, así como su comportamiento dentro del centro educativo.
Según fuentes al interior de la UPV, el nombramiento se habría realizado durante el receso vacacional de Semana Santa, y fue impulsado por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Veracruz, Elías Calixto Armas. La principal crítica radica en el perfil profesional de Gómez Ortega, cuyo historial previo en la administración pública se limita a funciones jurídicas, sin experiencia documentada en materia administrativa o financiera.
Las inquietudes no se han hecho esperar. De acuerdo con el personal consultado, una de las primeras acciones del nuevo directivo fue solicitar acceso a los ingresos por concepto de inscripciones, lo que generó sospechas sobre el manejo futuro de esos recursos. Esta situación ha puesto en alerta a quienes consideran que la medida no responde a una lógica de transparencia, sino de control indebido.
A ello se suma el malestar por el manejo de información sensible del personal, particularmente en el área de recursos humanos, lo cual ha sido interpretado como una intromisión injustificada que alimenta la desconfianza dentro del ambiente laboral.
Una de las denuncias más serias proviene del sector femenino de la comunidad universitaria, donde algunas trabajadoras han expresado incomodidad por las actitudes del funcionario, señalando comportamientos inapropiados que califican de irrespetuosos y preocupantes. El temor a un posible acoso ha llevado a un grupo de trabajadoras a pedir la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y de la secretaria de Educación, Claudia Tello Espinoza.
La comunidad universitaria advierte que esta situación representa un retroceso en los valores institucionales que han regido a la UPV durante décadas, y exigen medidas claras que garanticen un entorno profesional, ético y libre de abusos.
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