Aunque el Gobierno de México reportó el 29 de marzo de 2026 que la situación en las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, está bajo control tras recolectar más de 740 toneladas de hidrocarburo, organizaciones como Greenpeace mantienen la alerta por la posible expansión remanente de la mancha. E incluso se adelanta que en unos días más, llegarán residuos de hidrocarburo a las costas norteamericanas de Texas, Louisiana, Misisipi, Alabama y Florida.
El mayor riesgo reside en que el hidrocarburo ingrese a la “loop current” (corriente del lazo), una corriente marina que atraviesa el Golfo y podría transportar el crudo directamente hacia las costas de Texas, para luego seguir hasta Florida e incluso al océano Atlántico.
Tras haber afectado ya más de mil kilómetros de playas en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, el avance hacia el norte pone en alerta a las autoridades costeras estadounidenses por la magnitud del desastre. Y es que, los tres estados referidos forman la mayor parte de la vertiente mexicana del Golfo de México, la cual tiene una longitud total de 3,294 kilómetros.
La llegada del crudo amenazaría arrecifes, manglares y santuarios de vida silvestre en Estados Unidos como el famoso Santuario Marino Nacional “Flower Garden Banks”, en las costas de Texas y Luisiana, un hábitat similar a espacios ya impactados en México, como el Corredor Arrecifal del Suroeste, que va desde Tamiahua, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco, y que conecta los sistemas arrecifales de Lobos-Tuxpan, Veracruzano y Los Tuxtlas, albergando una enorme biodiversidad, incluyendo más de 125 arrecifes coralinos y rocosos.
Especialistas consultados por Focus Group temen por la vida de especies, tanto migratorias como locales, incluyendo tortugas marinas, delfines, manatíes y pelícanos, que ya han registrado muertes en la zona del derrame original. Por lo que ven venir una catástrofe de dimensiones incalculables. Al igual que en las comunidades de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, la llegada a costas estadounidenses del crudo mexicano vertido al mar podría también detener la actividad pesquera comercial y deportiva debido a la contaminación de especies de consumo.
Los daños ambientales generarían impacto irreversible a las aguas del Golfo de México y afectarían actividades económicas como la pesca y el turismo. Solo que en el lado americano no se andan con medias tintas y a diferencia de México, allá son capaces de aplicar a rajatabla sanciones contra el causante del desastre petroquímico.
Estados Unidos tiene el antecedente del caso “Deepwater Horizon”, que es considerado el mayor desastre ambiental accidental en la historia de la industria petrolera. Ocurrió en abril de 2010, cuando una explosión en la plataforma de perforación del mismo nombre, operada por BP (British Petroleum) y propiedad de “TransOcean”, provocó un derrame masivo de crudo en el Golfo de México.
Ese pozo de BP vertió aproximadamente 4.9 millones de barriles de petróleo durante 87 días antes de ser sellado finalmente en septiembre de 2010. Y dicho crudo contaminó más de 2,100 kilómetros de costa en cinco estados de la Unión Americana (Luisiana, Misisipi, Alabama, Florida y Texas) y afectó un área de océano de aproximadamente 180,000 km².
Seis años después, en 2016 un tribunal aprobó un acuerdo de 20,800 millones de dólares, el mayor acuerdo por daños ambientales en la historia de Estados Unidos. Así que Pemex, el gobierno de México o la empresa operadora del barco responsable de la fuga de crudo, deberá preparar a su equipo jurídico para la pelea que se avecina en tribunales americanos y las sanciones que implicarán estás afectaciones.
Bajo la Ley de Contaminación por Petróleo (OPA 1990), cualquier derrame extranjero que alcance aguas o costas estadounidenses conlleva responsabilidad estricta para los causantes. Esta legislación, nacida tras el desastre del Exxon Valdez, establece que cualquier parte responsable de un derrame en aguas gringas es estrictamente responsable de todos los costos de limpieza, daños económicos, compensación ambiental e incluso con pagos a terceros.
Mientras el Gobierno de México ha deslindado a Pemex de responsabilidad inicial, señalando a terceros o citando incluso causas naturales, la administración Trump utilizaría tecnología de “huella dactilar química” para determinar el origen exacto de la fuga del crudo; y aunque existen mecanismos de cooperación, nuestro vecino del norte, como ya lo dije, suele actuar de manera unilateral cuando sus costas se ven amenazadas, recurriendo al “Fondo Fiduciario de Responsabilidad por Derrames de Petróleo” para financiar la limpieza inmediata y luego perseguir el reembolso mediante litigios internacionales si es necesario.
En conclusión, si el crudo traspasa la frontera marítima, el gobierno de Estados Unidos no solo activará un despliegue técnico de contención, sino una ofensiva legal que busca sentar un precedente de “tolerancia cero” ante la contaminación transfronteriza, en un momento donde no se vive la mejor etapa en las relaciones México-Estados Unidos y cuando también la transparencia y la rendición de cuentas en el sector petrolero mexicano están bajo el microscopio de organizaciones internacionales.
*Periodista/Tlaxcala///Focus Group
Imagen de portada: Reforma// El avance hasta Florida// 28 de marzo 2026
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