En la situación actual que estamos viviendo en Veracruz, donde las promesas de desarrollo y modernización parecen chocar con la dura realidad de la exclusión, surge una pregunta inquietante: ¿Quién realmente se beneficia de las inversiones que se prometen? La reciente implementación del Programa de Bacheo Carretero por parte de la gobernadora Rocío Nahle es un claro ejemplo de cómo, a pesar de los esfuerzos por reactivar la economía, el tejido empresarial local se encuentra al borde del colapso.
Durante el sexenio anterior, el abandono de las obras públicas fue evidente. La administración de Cuitláhuac García Jiménez dejó a su paso un vacío en la infraestructura veracruzana que ahora, con la llegada de recursos significativos, se intenta llenar. Sin embargo, como ha señalado Marco Salas Contreras, presidente de la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción (SMITC), esta reactivación no está beneficiando a las empresas locales. En un panorama desolador, ocho de cada diez constructoras veracruzanas se encuentran sin trabajo.
El Programa de Bacheo Carretero, lejos de ser una panacea, ha sido criticado por otorgar contratos a empresas de otros estados, dejando a los constructores locales en la penumbra. Este fenómeno no es aislado; refleja una tendencia más amplia donde las grandes obras son monopolizadas por compañías foráneas, muchas de las cuales vienen con el estigma de proyectos como Dos Bocas y el Tren Maya. La paradoja es evidente: mientras el gobierno estatal busca modernizar y rehabilitar la infraestructura, lo hace a expensas del empleo y la economía local.
La falta de licitaciones adecuadas y la escasez de financiamiento son factores que agravan aún más esta crisis. Salas Contreras subraya que, aunque en Veracruz se están llevando a cabo trece obras, solo una o dos han sido adjudicadas a empresas del estado. Esta situación no solo impide la generación de nuevos empleos, sino que amenaza con la pérdida de puestos de trabajo existentes. La realidad es que el cierre del año se vislumbra frío y complicado, con un sector en deterioro que necesita urgentemente un cambio de dirección.
Es imperativo establecer un diálogo directo entre el gobierno estatal y la iniciativa privada. La propuesta de Salas Contreras de buscar mecanismos de financiamiento y factoraje es un llamado a la acción que no puede ser ignorado. Las empresas locales cuentan con la maquinaria, el equipo y la experiencia necesaria para ejecutar obras de calidad, pero se ven limitadas por la falta de anticipos y la escasez de contratos. Ignorar esta realidad sería un grave error que podría tener repercusiones a largo plazo en la estabilidad económica del estado.
La última etapa del año es crucial para la ejecución de proyectos y la reactivación económica. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia el octavo mes de 2025, la ventana de oportunidad para revertir esta situación se cierra rápidamente. La inacción no es una opción. La economía veracruzana se encuentra en un delicado equilibrio, y la posibilidad de una crisis laboral y económica se cierne sobre nosotros como una sombra ominosa.
Es fundamental que tanto el gobierno como el sector empresarial trabajen en conjunto para enfrentar esta crisis. La creación de una alianza estratégica no solo podría reactivar la economía local, sino también fortalecer el tejido social de Veracruz. Es hora de que los intereses de las empresas locales sean considerados en la planificación y ejecución de proyectos públicos. La prosperidad de Veracruz no puede depender de la intervención de empresas foráneas; debe ser construida desde dentro.
En conclusión, la situación actual exige un compromiso firme y decidido por parte de la gobernadora Rocío Nahle y su administración. La responsabilidad cívica no solo implica la ejecución de obras, sino también el cuidado y la promoción de la economía local. Es un momento crítico para la ciudadanía veracruzana, que espera no solo promesas, sino acciones concretas que garanticen su bienestar y desarrollo. La historia de Veracruz no se puede escribir con la tinta de la exclusión; debe ser un relato de inclusión, desarrollo y justicia económica para todos.
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