Condusef advierte riesgos en reforma de cobranza delegada en créditos de nómina; se podría embargar salario de los trabajadores

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre los posibles perjuicios que la reforma de cobranza delegada en créditos de nómina podría causar a los trabajadores, al considerar que se trata de un esquema de cobro inequitativo.

En un comunicado, la Condusef advirtió que la iniciativa, actualmente en análisis en el Senado, otorga a las instituciones financieras la facultad de cobrar directamente los adeudos de los trabajadores a través de sus empleadores, lo que podría comprometer la economía de los usuarios.

Esta reforma, presentada originalmente en 2022, fue suspendida en marzo de 2023 tras la oposición del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que el gobierno no debía facilitar el embargo del salario de los trabajadores; sin embargo, el proyecto ha sido retomado con nuevas disposiciones que establecen que solo instituciones reconocidas por la Condusef y reguladas en materia de prevención de lavado de dinero podrán aplicar este mecanismo, excluyendo créditos otorgados por Infonavit, ISSSTE o Fonacot.

Además, se contempla que los patrones registren y publiquen los convenios de pago acordados con sus empleados para mantener un historial de los mismos, sin vulnerar normativas de transparencia y protección de datos. No obstante, la Condusef alertó que esta medida puede derivar en costos adicionales y dificultades administrativas para los departamentos de recursos humanos.

Otro punto preocupante, según el organismo, es la posibilidad de refinanciar los adeudos, lo que podría elevar los costos de los créditos a niveles excesivos, además de restringir la movilidad financiera de los trabajadores. “Crear una libranza irrevocable equivale a establecer una ‘tienda de raya financiera’ que impide a los usuarios cambiar de institución o tipo de crédito”, advirtió la Condusef.

El debate en torno a esta reforma sigue abierto en el Senado, mientras crecen las preocupaciones sobre su impacto en los trabajadores y la operatividad de las empresas.