Xalapa, Ver.- Ante la severa contaminación fecal que afecta a los ríos y humedales de la Cuenca La Antigua, comunidades organizadas de la región presentaron una demanda de amparo contra autoridades de los tres niveles de gobierno. El recurso legal fue admitido por una jueza federal en Veracruz, quien ya concedió una suspensión provisional para obligar a las autoridades a tomar medidas urgentes.
Integrantes de la Asamblea del Agua de los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres y Limpios (PUCARL), acompañados por la organización TerraVida, informaron que el amparo fue interpuesto el 24 de marzo. En él se señala como responsables a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), su organismo Golfo Centro y a varios ayuntamientos por la omisión en el saneamiento del sistema hídrico.
Javier Martínez, co-coordinador de TerraVida, explicó que la demanda se basa en la falta de acciones concretas para prevenir y detener la contaminación, así como en la ausencia de información clara y el deterioro ambiental evidente. El problema ha alcanzado tal magnitud que, según datos recabados por una comisión de monitoreo comunitario, el 100% de los sitios muestreados entre 2023 y 2024 en municipios como Xico, Coatepec y Jalcomulco, entre otros, presentan niveles de Escherichia coli muy por encima de lo permitido para el contacto humano.
Esta situación, afirmaron los activistas, no solo daña al ecosistema, sino que afecta directamente los proyectos de vida de quienes habitan en la cuenca. Por ello, entre las acciones exigidas se encuentran: un diagnóstico del estado de las infraestructuras de saneamiento, identificación de fuentes contaminantes, reactivación de plantas de tratamiento y coordinación intermunicipal para limpiar los afluentes.
La suspensión provisional otorgada por la jueza del Juzgado 15º de Distrito representa, según los representantes de la Asamblea, un avance crucial para la defensa del agua y los derechos ambientales. También solicitaron que se otorgue una suspensión definitiva que obligue a las autoridades a garantizar el derecho al agua limpia y a proteger el entorno natural.
Además, hicieron un llamado a la sociedad civil a respaldar esta causa, recordando que la lucha no solo es por el saneamiento de los cuerpos de agua, sino por el reconocimiento del río como sujeto de derechos y de las comunidades como sus protectoras legítimas.
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