Bravo Torra, FHB y Duarte

El lunes 26 de julio de 2010, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJE) validó la elección de gobernador y entregó la respectiva constancia de mayoría al priista Javier Duarte, candidato de la coalición “Veracruz para Adelante” que integraron el PRI, PVEM y el Partido Revolucionario Veracruzano (PRV), de registro local.

Según el cómputo validado por los tres magistrados del TEPJE, Duarte de Ochoa obtuvo un millón 357 mil 705 votos, es decir, 79 mil 558 más que Miguel Ángel Yunes Linares, de la alianza “Viva Veracruz”, formada por el PAN y Nueva Alianza (Panal), que sumó un millón 278 mil 147 sufragios.

A su vez, Dante Delgado Rannauro, de la alianza “Para Cambiar Veracruz”, del PRD, PT y Convergencia, recibió 419 mil 700 boletas a su favor.

Los magistrados Daniel Ruiz Morales, Lorenzo Álvarez Montero y Gregorio Valerio desecharon los recursos de impugnación interpuestos por ambas coaliciones opositoras argumentando que no presentaron pruebas suficientes para sustentar la petición de anular la elección de gobernador.

Según la reseña periodística que en esa ocasión hizo el entonces corresponsal de La Jornada, Andrés Timoteo, entre las pruebas presentadas por la oposición se incluyeron audios de conversaciones telefónicas del gobernador Fidel Herrera, en las que hablaba del uso de recursos estatales para apoyar a Javier Duarte, que había sido su secretario de Finanzas, y a otros candidatos del tricolor que contendieron por diferentes cargos. Estas grabaciones, según los inconformes, acreditaban la intervención directa de Herrera Beltrán y el uso ilícito del erario.

También señalaron que el priista rebasó los topes de gastos de campaña fijados por el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), se difundió propaganda difamatoria contra Yunes Linares y Dante Delgado, y que el consejo general del órgano electoral había actuado en forma inequitativa.

Por la mañana, el TEPJE invalidó 260 casillas en los distritos de La Antigua, Pánuco, Papantla, Perote, Coatepec, Córdoba, Boca del Río, Cosamaloapan, y San Andrés Tuxtla, pero el resultado no modificó significativamente el cómputo final.

Alrededor de las 19 horas, los tres magistrados votaron por unanimidad validar la elección de gobernador y decretaron un receso de una hora para entregar la constancia de mayoría a Duarte.

Al recibir la constancia de mayoría, Duarte, ya en calidad de gobernador electo, llamó a cerrar la etapa de la contienda electoral para integrar la agenda de trabajo para los próximos seis años. “No queda tiempo para la confrontación ni para las divisiones. Es momento de la unidad más allá del discurso”, dijo el exdiputado federal cordobés con dedicatoria a sus oponentes.

Se comprometió a continuar con las políticas aplicadas por el gobierno de Fidel Herrera y ofreció al panista Felipe Calderón, a la sazón Presidente de la República, “reconocimiento y compromiso de trabajo coordinado”.

Por su parte, la dirigencia estatal del PAN acusó a los magistrados del TEPJE de ceder a las presiones del gobierno estatal para validar “el robo de la elección” y anunció que acudiría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la máxima instancia jurisdiccional.

Ese lunes 26 de julio, Yunes Linares insertó en periódicos regionales una carta abierta en la cual auguró que el TEPJE, al igual que el IEV, emitiría “resoluciones contrarias al derecho y a la justicia para favorecer al PRI, pues forma parte de esa misma estructura corrupta que ha tenido a su cargo el proceso electoral de Veracruz. No daré un paso atrás hasta que se haga justicia a cada uno de los veracruzanos que votó mayoritariamente para que Veracruz cambie y deje de estar gobernado por una camarilla de corruptos que hoy quiere dejar un títere en el poder”, afirmó.

Esa noche, Duarte no se reunió a celebrar con su mentor y padre político, el gobernador Fidel Herrera, sino que se fue directamente a la mansión porteña de Gilberto Bravo Torra, un oaxaqueño que antes del fidelato vendía seguros y que luego, en el sexenio de Herrera Beltrán, resultó ser un acaudalado empresario gasolinero que imponía candidatos a las alcaldías.

Hoy, tras el escandaloso caso de la red que encabezaban altos mandos de la Secretaría de Marina, es investigado también por el tráfico ilícito del huachicol fiscal.  

JUEZA DE DISTRITO RECIÉN ELECTA PIDE LICENCIA; ES FUNCIONARIA DE ADUANAS 

Por cierto, a nueve días de que rindiera protesta ante el pleno del Senado como Juez de distrito en materia penal, Irlanda Gabriela Pacheco Torres, quien desde febrero de este año se desempeña como directora general de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), solicitó a la Cámara alta del Congreso de la Unión licencia para separarse del cargo judicial, “sin goce de sueldo y con efectos inmediatos hasta el 2 de marzo de 2026”.

En su escrito, presentado en la sesión del martes anterior, la abogada, que resultó electa juez en el proceso electoral de junio pasado, explicó que la relevancia de este puesto en la ANAM le “exige un cierre ordenado, transparente y responsable de los procesos en curso, a fin de evitar afectaciones en la operación institucional y asegurar una adecuada entrega de responsabilidades”.

Ello debido, agrega, a que dentro de sus funciones está la supervisión, evaluación y seguimiento de procedimientos administrativos, revisiones y auditorías. Todo ello implicaría siete meses más de labor en la ANAM.

En la solicitud de licencia, Pacheco Torres argumenta que ese cargo no le exigió separación previa para contender por el cargo de juez y sostuvo que, de aprobarse su petición de licencia temporal, le permitirá que la conclusión de esos deberes administrativos “no interfiera ni genere incompatibilidad alguna con el ejercicio pleno, independiente e imparcial de la función judicial”, a la que pretende incorporarse el 2 de marzo del próximo año.

En el documento, la juez especifica que la solicitud se hace con fundamento en los artículos 76, fracción VIII, y 98, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 230, 233 y 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los artículos 230, numeral 1, fracción VIII, y 259, numeral 1, del Reglamento del Senado.

Dado que es el primer caso de un juzgador de los más de 800 que rindieron protesta al cargo el pasado lunes 1º de septiembre, que pide licencia para ausentarse del juzgado, el pleno del Senado turnó la petición a la Comisión de Justicia, para que se analice y dictamine.

“La decisión llega en un contexto polémico. Desde su campaña para integrarse al Poder Judicial, Pacheco Torres enfrentó cuestionamientos sobre su elegibilidad, así como señalamientos de presunta corrupción y vínculos con integrantes del crimen organizado”, según publicó el medio quintanarroense Luces del Siglo, el cual refiere que en marzo de 2024 fue vinculada a proceso por los delitos de fraude procesal y uso de documentos falsos, tras presentar un documento apócrifo en un litigio.

“El proceso no avanzó a juicio debido a una salida alterna: la hoy jueza admitió su responsabilidad, pagó 50 mil pesos como reparación del daño y aceptó una suspensión condicional del proceso por seis meses”, señaló el medio caribeño, que además apuntó que otra de las controversias en su historial se relaciona con su participación como abogada defensora de Luis Erick Barajas García, alias “El Trompas”, identificado como integrante de la Unión Tepito.

También indicó que dicho litigio coincidió con su cargo en la ANAM, lo que configuraría un posible conflicto de interés, ya que la ley prohíbe a servidores públicos litigar en casos privados.

La solicitud de licencia de Pacheco Torres cobra relevancia en medio de las investigaciones por una red de contrabando ilegal de combustible que, según el gobierno federal, involucra a miembros de la Secretaría de Marina, funcionarios de la propia ANAM, empresarios y hasta integrantes del Poder Judicial.

La oficina a cargo de Pacheco tenía la función de prevenir, detectar y denunciar irregularidades dentro de Aduanas.

El texto de Luces del Siglo expone que el caso de esta jueza federal electa plantea interrogantes sobre la naturaleza de su separación temporal: ¿responde a un trámite administrativo o a una estrategia para evadir responsabilidades en torno al escándalo aduanero?, por lo que concluye que la Comisión de Justicia del Senado será ahora la instancia encargada de revisar su petición y determinar los alcances legales de la licencia.

CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Este sábado 13 de septiembre, a las 5 de la tarde, en Jobox Coworking, de Plaza Boka, ubicada en el Boulevard Ruiz Cortines, de Boca del Río, el acucioso historiador y talentoso abogado porteño Alejandro Ramírez dará una conferencia magistral sobre la Independencia de México, en la cual disertará sobre un personaje veracruzano que, en su opinión, fue quien realmente consiguió que nuestro país lograra ser independiente.

“¿Por qué su nombre ha permanecido oculto? ¿Por qué nunca nos han hablado de él en los libros de texto escolares?”, se pregunta Alejandro Ramírez, quien además sostiene que “la auténtica independencia no se consumó en 1821 como nos han dicho”.

Si usted quiere saber quién es el veracruzano que estuvo en el centro de esta histórica hazaña, asista a la conferencia magistral de este ameno historiador.

Su acceso tendrá un costo de 150 pesos.