Ciudad de México. – En una sesión marcada por la polémica, las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de México aprobaron este jueves, en “fast track”, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa, que ahora pasará al Pleno del Senado, ha generado fuertes críticas por su potencial para restringir la libertad de expresión y centralizar el control de los medios y las redes sociales en el país.
El dictamen, aprobado sin un debate amplio ni parlamento abierto, y sin que muchos legisladores leyeran sus 226 páginas, según denuncias, otorga amplias facultades a una nueva Agencia de Transformación Digital. Este organismo, que operará con rango de ministerio, tendrá el poder de otorgar y revocar concesiones, supervisar contenidos en radio, televisión y plataformas digitales, bloquear redes sociales, limitar publicidad y controlar narrativas mediáticas. Además, el Estado se convertirá en proveedor de internet, una medida que ha levantado alarmas sobre posibles conflictos de interés y la falta de competencia en el sector.
El senador Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que los legisladores de Morena y sus aliados no leyeron el documento completo antes de votarlo, mientras que la senadora Claudia Anaya advirtió que la ley es inconstitucional y contraviene tratados internacionales, al violar principios de libertad de expresión y acceso a la información: “Estamos ante una agenda de control que atenta contra las libertades fundamentales”, afirmó Anaya en un mensaje difundido en redes sociales.
La justificación oficial del proyecto, según el texto aprobado, se centra en la “soberanía” y la “protección contra propaganda extranjera”. Esto se alinea con recientes declaraciones de la presidenta Sheinbaum, quien esta semana criticó anuncios antiinmigración de Estados Unidos como “propaganda discriminatoria” y anunció reformas para prohibir que gobiernos extranjeros difundan mensajes políticos en México. Sin embargo, opositores ven en estas medidas un intento de consolidar el poder del gobierno sobre los medios y las plataformas digitales, siguiendo un modelo similar al de países como Cuba y Venezuela, donde el control estatal de las telecomunicaciones ha sido utilizado para silenciar voces disidentes.
El contexto de esta reforma no es aislado. En noviembre de 2024, el Congreso mexicano aprobó la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que asumirá el control de entidades como la Agencia Espacial Mexicana y el Servicio Postal Mexicano, además de liderar proyectos como un nuevo satélite geoestacionario para 2028 y un Plan Nacional de Ciberseguridad para este año. Sin embargo, organismos internacionales como Freedom House han advertido previamente sobre los riesgos de que el Estado actúe simultáneamente como regulador y proveedor de servicios, como ocurre con CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, debido a la falta de contrapesos.
Con el dictamen rumbo al Pleno del Senado, la sociedad civil y los partidos de oposición se preparan para un intenso debate. Mientras tanto, la incertidumbre crece sobre el impacto que esta ley podría tener en la libertad de expresión, la competencia en el sector de telecomunicaciones y el acceso a la información en México, en un momento en que el país enfrenta desafíos estructurales en materia de conectividad y derechos digitales.
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