Xalapa, Ver.– El empresario y político Antonio del Río Argudín demandó castigo para los responsables de la tortura que sufrió durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmara en la Recomendación 020/2025 que fue víctima de abusos durante su detención en 2022.
Un hecho histórico que revela la represión política
Tras recibir la notificación de la CEDH, Del Río Argudín calificó la resolución como un precedente histórico, aunque lamentó que evidencie la tortura y persecución política ejercida durante el sexenio pasado.
De acuerdo con su testimonio, durante su estancia en el módulo de prisión preventiva de Veracruz, conocido como “El Penalito”, fue golpeado brutalmente, recibiendo más de 40 tablazos que le ocasionaron una protusión discal irreversible en la columna vertebral. Señaló directamente al entonces director de la cárcel, Iván Márquez Lucido, como su agresor.
Exige justicia y la intervención de Rocío Nahle
Ante esta resolución, el empresario exigió la detención inmediata de Márquez Lucido y pidió a la gobernadora Rocío Nahle García su intervención para garantizar justicia:
“Sé que a ella no le gusta ningún tipo de violencia y le pido justicia como un veracruzano más”, expresó.
Asimismo, solicitó a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, que actúe contra su agresor y agradeció el respaldo del diputado local Héctor Yunes Landa, quien ha dado seguimiento al caso desde el Congreso.
Señala al gobierno anterior de represión sistemática
Del Río Argudín subrayó que este caso evidencia que la represión en el gobierno de Cuitláhuac García no era contra criminales, sino dirigida desde el aparato gubernamental contra opositores políticos.
Si bien el gobierno actual aún puede aceptar o rechazar la recomendación de la CEDH, el empresario recordó que se trata de una resolución basada en la investigación de un delito de lesa humanidad, por lo que su cumplimiento es fundamental para garantizar justicia.
Finalmente, reiteró su llamado al gobierno estatal para romper con el pasado de persecución política y atender todos los casos de víctimas de tortura en Veracruz.
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