Anteayer, domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el Almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría que hoy está en medio de la investigación sobre la red criminal que desde hace dos años operaba en la Semar el contrabando del llamado huachicol fiscal, salieron a exculpar a Rafael Ojeda, ex secretario obradorista de Marina. Y, este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum también se sumó a la defensa del Almirante oriundo de Xalapa.
“Como bien lo dijo el fiscal (…), el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, hace dos años y venían haciéndose las investigaciones por parte de la fiscalía”, remarcó la mandataria, añadiendo que la investigación sobre este y otros casos relacionados con la venta de combustibles ilícitos continúa, pero reconoció que son investigaciones que toman tiempo, por lo que descartó que la lentitud del caso tenga que ver con que haya relacionados familiares del ex secretario de Marina.
Sin embargo, hasta analistas políticos afines a Morena han considerado que la celeridad en este caso la habría provocado la visita del “intervencionista” secretario de Estado, Marco Rubio, quien “pudo haberse enterado, o haber sido enterado, a las 8:03 horas (conforme al Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), de la captura del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Una aprehensión registrada oficialmente casi dos horas antes del encuentro entre el citado Rubio y la presidenta Sheinbaum para formalizar un acuerdo o ‘entendimiento’ en materia de migración y combate al crimen organizado…”, publicó ayer el columnista de La Jornada, Julio Hernández, el cual señaló, además, que “el encarcelamiento y procesamiento judicial del vicealmirante Farías Laguna es un hecho plausible en sí (como mínimo botón de muestra de acciones en la élite contra la corrupción), aunque tardío, bajo contexto de las presiones de Estados Unidos para que el segundo piso de la 4T actúe contra personajes de ‘alto nivel’, pero restringido para que no afecte a Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina en la administración obradorista y es familiar político del detenido y de un hermano de éste, prófugo”.
Así es que al ex titular de la Semar no lo tocarán, porque ello implicaría ascender al máximo nivel del poder: el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en una de sus primeras conferencias de prensa, en 2019, expresó ante la evidente incomodidad de varios miembros de su gabinete, que “no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del Presidente; si hacen una transa grande, es porque el Presidente lo permitió”, dijo el ex mandatario en referencia a la llamada “Estafa Maestra”, uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio del priista Enrique Peña Nieto, su antecesor.
Ayer, el columnista financiero Enrique Galván Ochoa, también de La Jornada, reseñó: “El entonces secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, renunció en julio de 2020 por desacuerdos sobre el control de los puertos. Presentó su dimisión directamente al ex presidente López Obrador. Le hizo ver los riesgos de que pasaran del control civil al de la Secretaría de Marina. Sin embargo, Andrés Manuel no cambió su decisión, confió en los marinos, convencido de que erradicarían la corrupción. El caso de la red de corrupción encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (ya detenido) y su hermano Fernando, contralmirante, pareciera que da la razón a Jiménez Espriú. Una golondrina no hace verano, pero no es el único expediente de huachicol donde probablemente estén involucrados funcionarios del sector naval gubernamental. Independientemente del resultado final de las investigaciones, es un caso de deslealtad al que fuera Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que no puede quedar impune”.
Este caso de corrupción cada vez se vuelve más trágico. Este lunes, a los crímenes de Magaly Janet Nava Ramos, Auxiliar “B” en la Delegación de la FGR en Colima, y del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ex director general de Recaudación de Aduanas –ambos ejecutados el 21 de octubre y el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, por sicarios en motocicleta que usaron el mismo tipo de arma y calibre: pistolas Águila calibre 9 milímetros Luger–, se sumó ayer el suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, involucrado en la entrega de dinero a funcionarios de Marina que permitían la operación de una red de huachicol fiscal. El uniformado se quitó la vida en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas.
Pérez Ramírez, quien todavía no contaba con una orden de aprehensión, aparecía sin embargo en una carpeta de investigación. Fue señalado por el ex director de Aduanas de Tampico de haber recibido presuntamente sobornos de 100 mil pesos, como parte de la red de huachicol fiscal encabezada por los sobrinos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda.
RICARDO AHUED, UN ‘ESTORBO’
Por cierto, ayer, en sus redes sociales, el columnista de El Universal, Claudio Ochoa Huerta, compartió un texto titulado “El barquito de Amílcar y Andy”, que hace año y medio publicó en el diario capitalino y en el que desde entonces hacía señalamientos sobre la presunta implicación de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente AMLO, en el trasiego ilícito de huachicol junto con su supuesto socio y prestanombres tabasqueño Amílcar Olán Aparicio.
El texto, publicado el 18 de febrero de 2024, es el siguiente:
“No lo usaban para navegar en las paradisiacas playas del caribe mexicano. Tampoco para recorrer las costas del pacífico y mucho menos en el mar de Cortés. Para eso están los de contratistas y empresarios amigos. El barquito de Amílcar y Andy estaba destinado a planes más grandes.
“Al inicio de este sexenio, uno de los primeros negocios de Amílcar Olán Aparicio, el prestanombres de ‘El Clan’, fue comprar un barco para transportar diésel a Estados Unidos. El negocio era simple: Petróleos Mexicanos le ‘vendía’ el combustible, pero disfrazado de aceite gracias a una complicidad que incluyó a Ricardo Peralta Saucedo, primer Administrador General de Aduanas de este gobierno.
“En el mundo de las aduanas y del coyotaje, a eso se le conoce como ‘cambio de la fracción arancelaria’. La práctica es común, incluso al día de hoy. Los barcos salen a aguas internacionales y luego reingresan a puertos como el de Altamira, Tamaulipas, donde mágicamente la información y el contenido cambia.
“Quienes atestiguaron aquellas buenas épocas, cuentan que Amílcar y Peralta ganaron millones de pesos hasta que este último levantó las sospechas y reclamos de quien era su jefa en el SAT y hoy ministra de la SCJN, Margarita Ríos Farjat. Desde entonces, a oídos del presidente López Obrador llegaron las quejas sobre Amílcar y Peralta, quienes además eran señalados de tener vínculos con el crimen organizado.
“Para calmar las aguas, Peralta pasó a la subsecretaría de Gobernación en sustitución de Zoé Robledo, que saltó al IMSS. El nuevo encargado de Aduanas sería Ricardo Ahued, que tomó protesta en junio de 2019, pero renunció al puesto solo 10 meses después, argumentando decisiones personales. Según las fuentes, la realidad fue que el exalcalde de Xalapa con el PRI nunca se prestó a darle continuidad al cochinero que era esa oficina.
“Molestos con el estorbo, los amigos de Andy se quejaron de Ahued quien terminó por regresar a su puesto en el senado de la República. El nuevo enviado como Administrador General de Aduanas y cómplice de la trama era Horacio Duarte Olivares, actual secretario de Gobierno en el Estado de México. Cuando él renunció para impulsar la candidatura de Delfina Gómez, llegó otro del mismo grupo: Rafael Marín Mollinedo, primo de Nicolás Mollinedo, el chofer del Tsuru y hoy involucrado en el presunto narco financiamiento a la campaña de López Obrador en 2006.
“La administración de este último en las aduanas fue tan caótica que incluso en la Secretaría de Marina fueron a quejarse con el presidente, asegurando que la corrupción brotaba por todos lados. Hoy es el representante de México ante la Organización Mundial de Comercio.”
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