Hace más de un mes, a principios de diciembre del año pasado, al estallar el escándalo mediático sobre los llamados “cárteles inmobiliarios” que operan en los municipios de Xalapa y Coatepec ––encabezados por leguleyos abusivos que despojan a los legítimos propietarios de terrenos y viviendas en colusión con notarios públicos, jueces y funcionarios del Registro Público de la Propiedad (RPP)–, tanto la gobernadora Rocío Nahle como su secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, declararon que se investigaría a fondo esta anómala situación y que procederían contra los servidores públicos, fedatarios e impartidores de justicia que resultaran implicados, comprometiéndose a que no habría impunidad.
Pero, ayer, la reportera Claudia Montero, del medio digital Alcalorpolitico.com, publicó una amplia entrevista realizada a Rosalba Becerra Fernández, una ex trabajadora “meritoria” del área de inscripciones del RPP, la cual le reveló una serie de graves anomalías que persisten en esa dependencia de la Segob que encabeza Ahued Bardahuil.
“Siempre tratan de responsabilizarnos a nosotros porque somos como la última mano que termina de concluir el trabajo”, dijo. Sin embargo, aclaró que ninguna inscripción se realiza sin autorización previa. “Si nosotros estamos subiendo un documento al sistema o estamos inscribiendo es poque previamente ellos ya lo autorizaron”, expuso al referirse a los directores.
Rosalba relató que hace ochos días, martes 6, fue llamada a la oficina de su superior, Yolanda Aidee Tovar Vadillo, encargada de la oficina del Registro Público de la Propiedad en Xalapa, y que luego de externarle el nivel de presión laboral que enfrentaba en las últimas semanas, su comentario se tomó como una renuncia forzada. “Me dijo que me tomaba la palabra y que a partir de ese momento ya no quería que yo trabajara ahí”.
Al día siguiente, sin previo aviso, le solicitaron las claves de su computadora y correo institucional. Y mientras ella las entregaba de buena fe, sus pertenencias fueron sacadas a la vía pública. Todo ocurrió, dijo, en represalia por negarse a firmar un documento que pretendía atribuirle funciones que no realizaba, relacionadas con la revisión integral de documentación, labores que realiza su jefe directa. “Querían que yo asumiera responsabilidades que no eran mías”, esto, para integrarla en una denuncia interpuesta en contra de uno de sus compañeros, quien –aseguró– fue incriminado de manera injusta por irregularidades que no cometió y que, incluso, fue puesto a disposición de las autoridades.
Rosalba trabajó como “meritoria” por diez años, una figura que permite al RPP operar con personal sin contrato, sin seguridad social y sin derechos laborales. “No nos dieron liquidación, no nos dieron nada”, afirmó sobre los tres despidos que se generaron al tratar de “fabricar” responsables ante el escándalo que involucró al Registro Público con los cárteles inmobiliarios.
“Nos pagan en efectivo y no estamos dentro de la nómina del Gobierno del Estado”, indicó, explicando que el dinero que reciben los “meritorios” proviene de los pagos de urgencia y trámites realizados por usuarios y notarios. “Dependemos de la cantidad de trabajo que saquemos”, expuso al asegurar que en el Registro Público hay favoritismo hacia algunas notarías, ya que tienen la encomienda de sacar el trabajo lo más pronto posible, dándoles preferencia a los notarios que les indicaban por orden de su jefa directa.
La ex trabajadora afirmó que las irregularidades en el RPP no son casos aislados: “No es el único. A lo largo del tiempo han sustraído inscripciones, han arrancado hojas”. Incluso apuntó que en la Fiscalía “debe haber muchas denuncias por desaparición de documentos incorporados en los libros o tomos del Registro Público”.
Sobre la seguridad de la documentación, expuso que, aunque existen videocámaras desde aproximadamente 2018 o 2019, éstas no cubren “las oficinas de los encargados, de los directores, ni en algunos pasillos”.
De la sustracción de libros durante la administración estatal anterior, dijo que salían hacia la dirección, pero que de ahí “no sabíamos a dónde se iban”. Comentó que esos libros regresaban al RPP cuando algún usuario solicitaba un cambio y posteriormente volvían a salir de las oficinas.
Pero quien sí debe saber de esta anomalía es el actual subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEV, David Agustín Jiménez Rojas, ex titular del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, cargo que asumió al inicio de la administración del ex gobernador Cuitláhuac García, subordinado al ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros.
Precisamente, en diciembre pasado, a raíz de los escándalos que le explotaron al gobierno de Rocío Nahle por los llamados cárteles inmobiliarios, se recordó una denuncia penal que en su momento motivó el cese de Jiménez Rojas como director del Registro Público de la Propiedad.
Los adversarios políticos del ahora subsecretario de la SEV desempolvaron la carpeta de Investigación FIM/F8/140/2022 del índice de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, de la FGE, que integró la ex titular Marcela Aguilera por probables actos de corrupción. A don David se le acusó de formar parte de una red de corrupción que operaba desde las entrañas del Registro Público de la Propiedad, donde a través de falsificación de documentos se legalizaba el despojo de predios ubicados en los municipios de Actopan, Puente Nacional, La Antigua, Xalapa y Alto Lucero, beneficiándose a personajes poderosos con la adjudicación de los terrenos a cambio de millones de pesos.
Inclusive su publicaron dos cartas abiertas dirigidas al entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para solicitarles su intervención y que se hiciera efectiva una orden de aprehensión en contra de quien para entonces era titular del desaparecido Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).
“Exigimos justicia por el despojo de nuestras propiedades cometido por el ex Director del Registro Público del Gobierno del Estado, David Jiménez Rojas y demandamos se cumpla orden de aprehensión. @FGRMexico”, exigían en las publicaciones que se viralizaron en su momento.
En dichas cartas señalaban que eran al menos ocho los afectados por el despojo ilegal que realizó Jiménez Rojas, a quien acusaban de haber utilizado documentos falsos, firmas ilegales y registros oficiales de otras regiones para “robar” ranchos ganaderos, terrenos y propiedades en cuatro municipios.
Uno de estos casos, decía la carta abierta, fue denunciado en el año 2019 y se refería a un rancho de más de 20 hectáreas ubicado en el municipio de Puente Nacional, donde la autoridad competente determinó responsabilidad legal y penal de Jiménez Rojas, y el juez emitió una orden de aprehensión que no ha sido ejecutada hasta el día de hoy.
Ante esta situación solicitaron que se ejecutara la orden de arresto y se castigara a los responsables, además de que se devolvieran de inmediato las propiedades.
Asimismo, acusaron a Jiménez Rojas de delincuencia organizada, pues participó de manera reiterada en los hechos delictivos, coludido con personas que ocuparon con violencia y armas de fuego dichas propiedades.
Al entonces gobernador García Jiménez le pidieron su intervención para que estos casos no quedaran en la impunidad y que se castigara a Jiménez Rojas, pero hasta el momento no sólo sigue impune, sino que fue “premiado” con la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la SEV.
LA ‘SORPRESITA’ DEL EX
ALCALDE ALBERTO ISLAS
Este miércoles 14 de enero, a las 17:00 horas, habrá Sesión Ordinaria de Cabildo en la sede del Ayuntamiento de Xalapa. Y, por los asuntos que se van a tratar –particularmente uno– en la orden del día, seguramente le va a “llover” al ex alcalde Alberto Islas, cuyo hijo Jesús Alberto Islas Aguilera, por cierto, es el actual director general del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, el cual depende de la Secretaría de Gobierno a cargo de Ricardo Ahued, a quien su padre suplió en la alcaldía xalapeña en diciembre de 2024, cuando el ex munícipe solicitó licencia para incorporarse a la administración de la gobernadora Rocío Nahle.
Y es que en el cuarto punto está enlistada la “propuesta y autorización, en su caso, para el reintegro a la Tesorería de la Federación, lo correspondiente a remanentes de recursos etiquetados no devengados al 31 de diciembre de 2025”. O sea, los fondos federales que la anterior administración municipal no ejerció por ineficiencia. El famoso “subejercicio” que, según se estima, ascendería a alrededor de 7 millones de pesos.
Aparentemente no es una gran cantidad, como las que regresaba cada año la administración del ex gobernador Cuitláhuac García a la Federación.
Sin embargo, esos recursos bien servirían al ayuntamiento xalapeño que preside la alcaldesa Daniela Griego para reparar los 35 camiones recolectores de basura que le dejó descompuestos Alberto Islas y que actualmente están en el taller.
Por cierto, ¿cuántos camiones para la Dirección Municipal de Limpia Pública de Xalapa donó la gobernadora Nahle? Porque los ediles morenistas de los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos sí fueron favorecidos con nuevas unidades por la mandataria estatal.
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