Adanely y los parquímetros

En Poza Rica, los parquímetros no son nuevos. Llegaron en 2009, con anuncio oficial el 25 de mayo y reglamento publicado el 5 de junio. Se instalaron bajo la administración de Pablo Anaya Rivera y desde entonces cargan una etiqueta que nunca se han podido despegar: negocio incómodo, socialmente impopular y políticamente heredado.

Su origen explica muchas cosas.
Explica, por ejemplo, por qué 15 años después, siguen siendo tema. Explica por qué el visitante y el vecino, los miran con recelo. Y explica el porqué, cuando la presidenta municipal Adanely Rodríguez Rodríguez decidió intentar retirarlos, no estaba peleando contra fierros en la banqueta, sino contra contratos firmados en escritorios del pasado.

Durante 27 días, Adanely Rodríguez sostuvo una postura que pocos alcaldes que han pasado por esa silla, se atrevieron a sostener: ponerse del lado del ciudadano aunque eso implique entrarle a un pleito legal con una concesionaria. Su mensaje fue claro: Poza Rica no tiene por qué seguir pagando decisiones que no tomó esta administración.

Pero los contratos, como las deudas, no desaparecen por decreto.

La empresa Sistema de Monitoreo Vial, con sede en Tuxpan, demandó al Ayuntamiento cuando se intentó cancelar el servicio. Y el pasado 27 de enero, la Sala Regional Unitaria Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz resolvió a favor de la concesionaria.

Ahí cambió el escenario.

Porque cuando un tribunal resuelve, ya no se trata de voluntad política, sino de Estado de Derecho. Y al Ayuntamiento no le quedó otra que acatar ese fallo. No porque quisiera. Porque tenía que hacerlo.

Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque esto deja algo muy claro: si los parquímetros regresan, no regresan por decisión de Adanely Rodríguez. Regresan por una resolución judicial derivada de un contrato firmado hace casi ya dos décadas. Y eso cambia la narrativa.

El esquema económico de los parquímetros, desde su inicio, ha sido motivo de crítica: un modelo de concesión donde alrededor del 68% del ingreso se queda en la empresa y cerca del 32% llega al Ayuntamiento, porcentaje que incluso se intentó ajustar recientemente al 37%. Sinceramente no recuerdo si se dio el ajuste. pero de cualquier modo, el negocio siempre fue más atractivo para el operador que para el Ayuntamiento. Eso también viene del pasado.

Lo que sí es del presente es la postura de esta administración: no quedarse cruzada de brazos. El Ayuntamiento ya anunció que, por la vía legal, hará valer todos los recursos jurídicos posibles para defender el interés público, el patrimonio municipal y una correcta administración del servicio.

Porque una cosa es acatar una sentencia y otra muy distinta es renunciar a seguir peleando.

Hoy Poza Rica tiene una claridad que antes no tenía. Sabe quién puso los parquímetros. Sabe bajo qué condiciones económicas se firmaron. Y sabe quién intentó quitarlos.

Y eso, en política, pesa.

Adanely Rodríguez dio la pelea. Y la seguirá dando. No contra las máquinas, sino contra los intereses que las trajeron y los documentos que todavía las sostienen.

Imagen de portada: En Esta Hora