Papantla, Ver. – Una serie de presuntas omisiones médicas en el Hospital Rural Papantla del programa IMSS-Bienestar ha provocado indignación entre familiares y usuarios, luego de que una recién nacida pasara casi 20 horas sin recibir alimento alguno, lo que derivó en un cuadro de hipoglucemia y señales de deterioro físico.
Según relataron los familiares, la bebé nació la noche del miércoles 18 de junio, pero no fue alimentada hasta entrada la tarde del jueves 19, debido a que la madre no logró producir leche de forma inmediata y el personal se negó a suministrar fórmula durante ese lapso. Pese a los intentos fallidos de lactancia, el personal del hospital insistió en no recurrir a suplementos.
La situación se volvió crítica cuando se detectaron niveles de glucosa de 39.3 mg/dL, por debajo del mínimo clínico recomendado para recién nacidos. Además, la bebé mostró cambios visibles en la coloración de la piel, desde enrojecimiento hasta tonalidades amarillas, que los médicos atribuyeron a desnutrición inicial.
El pediatra de turno finalmente autorizó la alimentación con fórmula, pero cuando los familiares intentaron ingresar con el alimento, un guardia de seguridad intentó impedir el paso, generando un enfrentamiento verbal antes de que se les permitiera el acceso.
“¿Cómo es posible que pongan un reglamento por encima de la salud de un bebé?”, cuestionaron los familiares, quienes responsabilizan directamente al director del hospital, Evaristo Leal Cruz, acusándolo de mantener una postura intransigente en múltiples casos similares.
El hospital ha sido blanco de reiteradas denuncias en redes sociales, donde usuarios reportan actitudes hostiles, indiferencia del personal y protocolos rígidos que muchas veces obstaculizan la atención oportuna a los pacientes.
Este nuevo caso ha reavivado la discusión sobre los protocolos en instituciones públicas de salud, particularmente en áreas rurales, donde las decisiones médicas muchas veces se subordinan a normas administrativas que no consideran los contextos particulares de cada paciente.
Familiares de la menor advierten que tomarán acciones legales y exigirán una investigación formal para evitar que hechos como este se repitan, especialmente en una institución cuya misión debería ser proteger a los sectores más vulnerables.
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