Xalapa, Ver. — La Asociación de Comunicadores de Veracruz (ACOVER) “Froylán Flores Cancela” envió una carta formal dirigida a la gobernadora Rocío Nahle García, así como a diversas autoridades estatales, para expresar su preocupación por el incremento de agresiones, hostigamientos y restricciones al ejercicio periodístico en la entidad.
El documento también fue dirigido a la Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre; a la diputada Bertha Ahued Malpica, presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas del Congreso local; y a Luis Orencio Ramírez Baqueiro, comisionado presidente de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP).
En el texto, ACOVER advierte que febrero inició con hechos que evidencian que en Veracruz “la agresión y la falta de respeto a los derechos de Libertad de Expresión y de Información” siguen siendo una constante, pese a que desde el gobierno estatal se ha señalado que existe un supuesto “exceso de libertad de expresión”.
La organización enlistó una serie de incidentes recientes contra comunicadores veracruzanos, entre ellos el caso de la periodista Karla Moreno, cuyos familiares fueron presuntamente secuestrados a finales de enero, luego de que un grupo armado irrumpiera en su domicilio. Señalan que, aunque el hecho fue denunciado, hasta el momento no existen avances y únicamente se han emitido fichas de búsqueda.
Otro caso expuesto ocurrió el 7 de febrero en Coatzacoalcos, donde el periodista Eduardo Izquierdo Segura fue agredido verbalmente y golpeado por un dirigente de la Liga de Futbol Municipal, mientras realizaba cobertura en la Unidad Deportiva Duport Ostión. ACOVER precisó que el ataque fue denunciado ante la Fiscalía.
Asimismo, el 12 de febrero en Cosoleacaque, la periodista Heidi Castellanos habría sido empujada por una escolta de la gobernadora Rocío Nahle, quien al ser cuestionada respondió con la frase: “hagan bien su trabajo”.
La asociación también señaló que el 14 de febrero en Córdoba, durante un evento público en el Parque 21 de Mayo, funcionarios municipales bloquearon la labor de reporteros con apoyo de la policía local, incluso afectando a una comisionada de la CEAPP. Ese mismo día, en Tuxpan, el periodista Samuel Hernández Reyes fue detenido de forma arbitraria por elementos de la policía estatal, permaneciendo esposado e incomunicado durante aproximadamente cuatro horas, además de denunciar agresiones físicas e intento de incriminación por delitos no cometidos.
ACOVER advirtió que estos hechos reflejan un patrón de hostigamiento y uso excesivo de la fuerza, en un contexto donde —afirmaron— no existen garantías suficientes para el ejercicio periodístico en Veracruz.
En la carta, la organización recordó que el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión son derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución y tratados internacionales, por lo que exigieron una actuación inmediata y apegada a derecho por parte de las instituciones responsables.
Finalmente, solicitaron a la Fiscalía General del Estado atender con prontitud las denuncias presentadas, y criticaron la falta de respuesta tanto del Congreso local como de la CEAPP ante la situación.
El documento fue firmado por Luis E. Domínguez Rangel, presidente de ACOVER; Quetzalli C. Vázquez Hernández, secretaria general; y Francisco Urbina Soto, vicepresidente.
A continuación, el comunicado íntegro:
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