“A nosotros sí nos multan, pero nadie multa al gobierno”

Por momentos, las pláticas con choferes de taxi en Xalapa se sienten más como pequeñas batallas ideológicas que como simples intercambios de palabras. Esta vez, fue distinta. El conductor, un hombre entrado en sus setentas, con camisa desabotonada y mirada sincera, no alzaba la voz. Pero tampoco bajaba la guardia.

—La verdad, señora, estas nuevas tarifas nos van a partir la madre. —me soltó apenas cerré la puerta del taxi, sin música ni saludo de por medio. Le respondí con un gesto de interés. Íbamos de la avenida Rébsamen al centro de Xalapa. En ese trayecto corto —unos quince minutos con tráfico—, escuché su versión de la historia que muchos no quieren o no se atreven a contar.

—¿Y por qué lo dice? —pregunté.

—Porque no es lo mismo lo que se ve desde un escritorio que lo que uno vive en la calle. Sí, ya salieron las tarifas oficiales. Pero no cubren todas las colonias, hay rutas que ni vienen en la lista, y si yo quiero subir a Terranova, ¿qué, cobro lo mismo que si fuera a la calle Zaragoza? —me lanzó, como si buscara una rendija en mi lógica.

Asentí, tenía un punto. El decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado este lunes 21 de julio, después de 23 años de no tocar las tarifas, sí representa un avance. Pero también es cierto que muchos trayectos y municipios quedaron fuera de ese mapa tarifario por zonas. Hay vacíos, zonas grises. Y ahí, donde el papel no llega, el regateo se convierte en norma.

—Mire, no digo que no hacía falta una regulación. Claro que sí. Hay compañeros que se inventaban precios. Otros que cobraban según el humor del día. Pero esto, esto no se socializó bien. No nos preguntaron nada. Solo nos dieron el golpe y ahora hasta multas nos van a meter —me dijo mientras giraba por Pípila.

No exageró, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial ya tiene listas las sanciones para quien no respete la tarifa autorizada. El cobro indebido puede costarle a un taxista entre 1,810 y 3,394 pesos. Una falta considerada “grave”, con todo el peso del nuevo acuerdo administrativo.

—¿Y entonces qué proponen ustedes? ¿Seguir cobrando lo que quieran?

—No. Queremos reglas claras. Queremos que se respete lo que trabajamos. Que la tarifa mínima de 27 pesos no signifique que nos vean como abusivos si pedimos más por una colonia retirada. Que no nos pongan en la mira como si todos fuéramos rateros —me dijo, y por primera vez, su tono se quebró.

Y ahí fue cuando entendí algo que no viene en las gacetas ni en los boletines de prensa. Para muchos taxistas, esta regulación no solo toca su bolsillo: toca su orgullo. Les recuerda que el poder se ejerce desde arriba, sin consulta, sin diálogo. Y eso, en un oficio donde se convive a diario con el hartazgo ciudadano, puede volverse un cóctel peligroso.

—¿Y los usuarios qué? —me atreví a decir—. ¿Acaso no merecen saber lo que deben pagar sin tener que negociar cada vez?

—Claro que sí. Pero ¿por qué solo a nosotros nos exigen? ¿Quién regula al que no respeta las condiciones de nuestras calles, los baches, la inseguridad, la gasolina que no baja, las piezas caras? A nosotros sí nos multan, pero nadie multa al gobierno cuando se hace güey.

Silencio. Llegamos al centro, eran 27 pesos. Le di 30 y le pedí que se quedara con el cambio.

—Gracias por escuchar. No todos lo hacen —me dijo mientras tomaba el dinero.

Y me quedé pensando: regular es necesario, sí. Pero escuchar también lo es. No se trata de elegir entre el caos tarifario o la imposición fría. Se trata de construir acuerdos, de mapear con precisión realidades que no caben en un decreto.

Porque cuando las reglas se imponen sin diálogo, lo que se genera no es orden. Es resistencia. Me quedé pensando que de los 212 municipios, faltaron 205 a los que no se les definió la tarifa, entre ellos Misantla.