Escribe: Fanny Yépez
Indolencia, insensibilidad y apatía, muestran funcionarios de la FGE
Veracruz 5 lugar nacional en desapariciones y Lisbeth no muestra avances
La Ciudad Judicial del municipio de Orizaba vive en peligro constante
En el primer trimestre de 2026, Veracruz enfrenta una crisis de seguridad con un notable aumento en la desaparición de mujeres, sumando 112 casos y casi 300 personas desaparecidas en total, de las cuales al menos 150 no habían regresado a sus hogares para finales de abril. Colectivos de búsqueda mantienen jornadas activas de difusión en la zona conurbada, mientras se reporta un alto número de desapariciones de menores de edad.
Hacia finales de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, contabilizaba más de 7,000 personas casos solamente en el estado de Veracruz, con un aumento significativo en el municipio de Veracruz.
Desaparición de mujeres, la organización Equifonía reporta 112 mujeres desaparecidas de enero a marzo de 2026, de las cuales 53 eran menores de edad.
Cifras extraoficiales indican 286 reportes de desaparición en el año, con una persistente crisis de impunidad.
Zonas de Riesgo, las desapariciones se concentran en la zona norte, sur y conurbada (Veracruz-Boca del Río). Acción de Colectivos: El Colectivo “De regreso a Casa” y otros grupos realizan búsquedas intensivas de fichas de búsqueda en centros históricos, acompañados por fuerzas estatales y la Comisión Estatal de Búsqueda.
Fallas en Protocolos: Colectivos denuncian que persisten retrasos en la búsqueda inmediata a pesar de los protocolos existentes.
En abril, los colectivos de búsqueda en Veracruz mantuvieron una postura crítica hacia la Fiscalía General del Estado (FGE), señalando falta de presupuesto, personal y avances en las investigaciones, a pesar de las reuniones de trabajo para reforzar la búsqueda y el hallazgo de fosas. Exigen mayor transparencia, celeridad en la identificación de restos y rechazan la inacción ante la persistente crisis de desapariciones en la entidad.
Tal parece que, a la Fiscal General del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, no le interesa el dolor y la angustia tan grande que padecen miles de madres veracruzanas, que este 10 de mayo no podrán celebrar nada, por la desaparición de sus hijas e hijos, ellas atraviesan por un verdadero calvario al no saber dónde están sus descendientes. Lisbeth Aurelia va cumplir cinco meses en ese cargo, pero hasta ahora no se nota el cambio, todo sigue igual o peor.
Indolencia, insensibilidad, apatía e inconciencia son las actitudes que se muestran entre los funcionarios de la FGEDO, en forma deshumanizada observan como miles de carpetas de denuncias presentadas por la desaparición de personas se llenan de polvo, sin que nadie haga algo por encontrarlos.
Los colectivos en Veracruz denuncian una severa crisis por desapariciones forzadas, posicionando al estado de Veracruz en 5º lugar nacional. Advierten sobre el rezago en carpetas de investigación, exigen mayor autonomía en la Fiscalía General del Estado (FGE) y denuncian trabas institucionales para la visibilización de los casos.
La Ciudad Judicial de Orizaba, foco de la delincuencia
Están tan mal en el Poder Judicial del estado, que ni los litigantes y ciudadanos que acuden a la Fiscalía Regional y la Ciudad Judicial del municipio de Orizaba, se salvan de ser el nuevo blanco de la delincuencia. La consumación de al menos siete asaltos y robos recientes encendió las alertas en el gremio legal, quienes urgen la intervención de la policía municipal ante la nula vigilancia en la zona.
Fue el secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, quien exhibió las precarias condiciones de seguridad que rodean los edificios donde se supone se imparte justicia. El foco de peligro se ubica junto a la Ciudad de los Deportes, ya que la falta de estacionamiento obliga a los visitantes a caminar por áreas despobladas.
La delincuencia actúa con tal impunidad que no respeta ni a los profesionales del derecho. Un abogado estacionó su automóvil en las calles aledañas para entrar a una audiencia, cuando al volver a su unidad descubrió que su control remoto no funcionaba. Al acercarse, comprobó que ladrones se robaron la batería del motor sin que nadie lo impidiera.
Los transeúntes sufren una cacería similar. Personas que caminan por la periferia son interceptadas y despojadas de su dinero o pertenencias por sujetos que aprovechan la falta de patrullajes. Una vez cometido el ilícito, los delincuentes escapan velozmente, internándose entre las áreas de cultivo cercanas.
Los recientes cambios en la circulación vial agravaron la amenaza. Aunque el tráfico disminuyó, las autoridades habilitaron una de las salidas principales a través de un camino de terracería sin flujo vehicular. Este callejón de tierra, sumado a la falta de luminarias, opera como una trampa perfecta para interceptar a las víctimas.
Ante la racha delictiva que no respeta horarios diurnos ni nocturnos, el gremio jurídico presentará una exigencia formal al ayuntamiento. Buscan obligar a las autoridades a instalar recorridos policiales permanentes, iluminar la zona y pavimentar los accesos, antes de que los asaltos terminen con saldos trágicos.
Ante esta oleada de crímenes, los orizabeños se preguntan ¿acaso las autoridades policiales están en complicidad con los malandros? Porque actúan con impunidad total.
Imagen de portada: Redes sociales
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