- A decir de la clase trabajadora, la cual se siente desprotegida,continúan el maltrato laboral, los recortes cuestionados, la falta de capacidad técnica y los actos discriminatorios.
Xalapa, Ver.— Nuevos señalamientos internos colocan bajo cuestionamiento la gestión administrativa del Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”, luego de que trabajadores denunciaran presuntas irregularidades atribuidas a la actual Subdirectora Administrativa, Mtra. Regina Córdoba Díaz.
De acuerdo con versiones del personal, la funcionaria habría generado inconformidad por presuntas prácticas de maltrato laboral, trato hostil hacia trabajadores, decisiones discrecionales, recortes de personal sin criterios claros y posibles deficiencias en el manejo de procesos administrativos esenciales para la operación del hospital.
Los inconformes aseguran que la situación no se trata de un conflicto aislado, sino de una serie de decisiones que han comenzado a afectar el clima laboral y la operación cotidiana de una unidad médica que enfrenta alta demanda asistencial, saturación de servicios y necesidades urgentes de coordinación administrativa.
Uno de los señalamientos más delicados apunta a un posible conflicto de interés. Trabajadores refieren que Regina Córdoba Díaz sería sobrina del Dr. Roberto Ramos Alor, actual Coordinador Estatal del IMSS-Bienestar en Veracruz.
De confirmarse dicho parentesco, los trabajadores consideran que tendría que revisarse si su nombramiento y permanencia en una posición estratégica responden a criterios técnicos y administrativos, o si existe algún tipo de protección política o familiar dentro de la estructura estatal de salud.
La preocupación se suma a publicaciones difundidas recientemente en redes sociales, donde se ha señalado a Córdoba Díaz dentro de un contexto más amplio de presuntos nombramientos cuestionados, favoritismo y asignación discrecional de beneficios laborales en hospitales de Veracruz. En dichas publicaciones también se le menciona como exadministradora del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y se cuestiona su llegada a la administración del Hospital “Nachón”.
Trabajadores consultados afirman que el paso de Regina Córdoba Díaz por otras unidades hospitalarias, entre ellas el hospital de Olutla, el hospital de Minatitlán y el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, habría estado acompañado de inconformidades similares a las que hoy se señalan en el Hospital Regional de Xalapa. De acuerdo con esas versiones, en dichas unidades también se habrían presentado conflictos laborales, cuestionamientos administrativos, señalamientos por trato inadecuado al personal y resultados institucionales poco favorables.
“No se trata de una percepción aislada ni de una inconformidad reciente; hay antecedentes que deben revisarse”
A la presunta red de influencia se suma otra acusación: recientes recortes, cambios o desplazamientos de personal que, según versiones internas, podrían no haber respondido exclusivamente a criterios técnicos, presupuestales o de desempeño laboral.
Trabajadores consultados señalaron que algunas de las personas afectadas pertenecerían a grupos históricamente vulnerados por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género, por lo que solicitan investigar si existió algún componente de discriminación laboral, trato diferenciado o represalia encubierta.
De comprobarse que las decisiones sobre personal fueron tomadas con base en prejuicios, filias personales o criterios ajenos al desempeño, el caso podría constituir una falta grave a los principios de igualdad, no discriminación y trato digno que deben regir en toda institución pública.
Otro punto que genera preocupación es la presunta falta de dominio de procesos administrativos por parte de la Subdirección Administrativa. Personal directivo y operativo ha señalado retrasos, confusión en la toma de decisiones, respuestas tardías e interpretación inconsistente de procedimientos relacionados con recursos humanos, abasto, mantenimiento, servicios generales, pagos, contratación y gestión documental.
En un hospital público de alta demanda, la administración no es un área secundaria. Cada decisión administrativa tiene impacto en la operación médica, en la continuidad de los servicios y en la atención que reciben los pacientes.
Por ello, los trabajadores consideran que una administración deficiente puede convertirse en un factor de riesgo institucional, especialmente cuando existen señalamientos simultáneos de maltrato laboral, presunto favoritismo, posibles actos discriminatorios, antecedentes administrativos cuestionados y falta de claridad en procesos internos.
Los inconformes también refieren temor a represalias, por lo que piden que cualquier investigación garantice confidencialidad, protección a denunciantes, derecho de audiencia y revisión objetiva de los hechos.
El caso ocurre en medio de un clima de creciente inconformidad dentro del sector salud de Veracruz, donde diversas publicaciones han señalado presuntas prácticas de favoritismo, presiones sindicales, nombramientos cuestionados y falta de perfiles técnicos en áreas estratégicas.
Para los trabajadores, el problema no se limita a una funcionaria. Aseguran que el fondo del asunto es la necesidad de revisar cómo se designan los cargos administrativos en hospitales públicos y si estos nombramientos responden a capacidad, experiencia y resultados, o a relaciones de cercanía política y familiar.
Los trabajadores piden que se investiguen los antecedentes señalados, los movimientos recientes de personal, el posible conflicto de interés, las quejas por maltrato laboral, su desempeño en hospitales previos y las afectaciones operativas que, aseguran, ya comienzan a impactar la vida interna del Hospital Regional de Xalapa.
En una institución pública de salud, advierten, el silencio institucional no puede ser la respuesta. Si los señalamientos son falsos, deben aclararse con documentos; si son ciertos, deben corregirse con decisiones firmes.
En el Hospital Regional de Xalapa, la administración no puede convertirse en refugio de perfiles protegidos ni en espacio de control laboral. Cuando una funcionaria acumula señalamientos por presunto maltrato, decisiones discriminatorias, desconocimiento operativo, antecedentes cuestionados en otros hospitales y posible vínculo familiar con el mando estatal del IMSS-Bienestar, la autoridad tiene la obligación de investigar. Callar no resuelve la crisis; la profundiza.
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