Gasolina subsidiada, alivio inmediato, factura diferida

En México, el precio de la gasolina no solo se decide en los mercados internacionales, sino también en el escritorio del gobierno. El subsidio a los combustibles —particularmente a la gasolina y el diésel— se ha convertido en una herramienta clave para contener presiones económicas. Sin embargo, detrás de este alivio inmediato se esconde una pregunta incómoda, ¿cuánto tiempo puede sostenerse?

La respuesta exige mirar más allá del precio en la bomba y entender tres elementos fundamentales: su costo fiscal, sus beneficios económicos y sus límites estructurales.

El primer dato es contundente. El subsidio funciona reduciendo o eliminando el IEPS, lo que en términos simples significa que el gobierno deja de recaudar ingresos. No es un gasto visible, pero sí un ingreso perdido. De acuerdo con cifras oficiales, este mecanismo puede costar hasta 5 mil millones de pesos por semana. Si se mantuviera de forma continua durante un año, estaríamos hablando de alrededor de 260 mil millones de pesos.

En ese contexto, la estimación de BBVA —que calcula un impacto de 38 mil millones de pesos— no es contradictoria, sino parcial. Refleja escenarios de corto plazo o momentos específicos de precios elevados, no el costo total de sostener el subsidio de manera prolongada.

Pero sería simplista reducir el análisis únicamente al costo. El subsidio cumple una función económica clara, contener la inflación. Sin este apoyo, el precio de la gasolina podría superar fácilmente los 30 pesos por litro, encareciendo el transporte, los alimentos y prácticamente toda la cadena logística del país. En ese sentido, el subsidio actúa como un amortiguador que evita que los choques externos —como el alza del petróleo— se trasladen de forma directa al bolsillo de los ciudadanos.

Aquí entra un elemento estratégico poco discutido, el papel del diésel. A diferencia de la gasolina, cuyo impacto es más visible para el consumidor individual, el diésel sostiene más del 80% del transporte de carga. Por ello, el gobierno ha concentrado en este combustible una parte significativa del apoyo, con subsidios que pueden alcanzar hasta el 80% del IEPS. No se trata solo de contener precios, sino de proteger el funcionamiento de la economía productiva.

Sin embargo, el subsidio no es una política aislada ni automática. Su continuidad depende de tres variables clave. La primera, y más determinante, es el precio internacional del petróleo. Mientras se mantenga en niveles altos —como los actuales, cercanos a los 100 o 110 dólares por barril—, la presión para sostener el subsidio será constante. Si el precio baja, el margen de maniobra se amplía.

La segunda variable es el espacio fiscal. Cada peso que el gobierno deja de recaudar por el IEPS es un peso menos para gasto social, inversión o reducción de deuda. En el corto plazo, esta pérdida puede absorberse. En el mediano plazo, comienza a generar tensiones. Y en el largo plazo, se vuelve insostenible sin ajustes.

La tercera variable es política. El subsidio no solo responde a criterios económicos, sino también a la necesidad de evitar aumentos abruptos en los precios —los llamados “gasolinazos”— y de mantener estabilidad social. En ese sentido, su permanencia también está vinculada al costo político de retirarlo.

Así, la gran pregunta no es si el subsidio funciona —porque claramente lo hace—, sino cuánto tiempo puede mantenerse. En el corto plazo, de tres a seis meses, es plenamente sostenible y permite ajustes semanales. En un horizonte de seis a doce meses, sigue siendo viable, pero a un costo creciente. Más allá de un año, con precios elevados del petróleo, su permanencia implicaría decisiones difíciles: mayor deuda, recortes al gasto o una retirada gradual del apoyo.

La conclusión es inevitable. El subsidio a los combustibles es, en esencia, una medida de contención. Protege a la economía, suaviza los efectos de choques externos y brinda estabilidad en momentos de incertidumbre. Pero no es una solución permanente.

México, como cualquier país, no puede escapar de la lógica fiscal, lo que hoy se subsidia, mañana se paga. Y la verdadera discusión no está en si se debe o no aplicar el subsidio, sino en cómo y cuándo dejar de depender de él.

Comente u opine a:
cacostabravo@yahoo.com.mx

Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte  del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.