A pesar de los reportes de grupos ambientalistas, ayuntamientos, medios de comunicación y pobladores sobre al menos 12 animales marinos muertos en municipios costeros, el titular de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) de Veracruz, el tamaulipeco Ángel Carrizales López, salió hasta el pasado martes a declarar que no contaba hasta ese entonces con información oficial de estos ejemplares hallados sin vida en costas de la entidad desde que comenzó la contingencia por hidrocarburo a principios de este mes.
“No sabría que esté fallando, la verdad es que yo desconozco que estén pensando los federales o los municipales, pero nosotros no hemos dejado de atender en ningún momento cuando hay un aviso oficial, (…) yo personalmente voy a manifestar que nos coordinemos mucho más en el tema de fauna que pudiera estar perjudicada por esta situación”, refirió Carrizales López, quien indicó que aun cuando hay una mesa de trabajo por la emergencia ambiental, la institución a su cargo no tiene datos oficiales sobre dichos casos, por lo que consideró necesario mejorar la coordinación y los protocolos interinstitucionales.
El funcionario hizo un llamado a ayuntamientos, autoridades federales, asociaciones y ciudadanía para que informen por los canales oficiales sobre cualquier hallazgo de fauna sin vida, ya que, de no ser así la procuraduría ambiental a su cargo no puede intervenir de manera adecuada.
Ayer, a 24 días de que pescadores y comunidades costeras del Golfo de México reportaron el derrame de hidrocarburos, el grupo interdisciplinario del Gobierno Federal integrado por orden de la presidenta Sheinbaum, informó que el origen de la emergencia ambiental correspondía a un buque fondeado –todavía no ha sido identificado– y a “emanaciones naturales”.
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, atribuyó que la contaminación provenía de tres fuentes: una de las razones corresponde a una chapopotera localizada a 5 millas del Puerto de Coatzacoalcos –cuya expulsión es intermitente– y a otra más que se ubica a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche, en la zona de Cantarell. Esta última, puntualizó, “sigue activa y creemos que es la que más contaminante ha vertido”.
Las chapopoteras son emanaciones naturales de petróleo crudo que brotan desde el subsuelo hacia la superficie.
El almirante aclaró que no han podido identificar el buque que realizó la descarga en inmediaciones de Coatzacoalcos, porque en ese mismo momento había 13 embarcaciones más a su alrededor.
“Pemex reportó que un buque había hecho un vertimiento ilegal a una zona cercana a Coatzacoalcos”, sostuvo.
Dijo, que cuatro de ellas todavía navegan en aguas nacionales, las cuales ha sido inspeccionadas por la Armada de México para deslindar responsabilidades.
Sobre los nueve barcos restantes, indicó que navegan en aguas internacionales y “hemos pedido la cooperación internacional para inspeccionarlas y determinar cuál buque hizo el vertimiento”.
En la primera conferencia de prensa que ofrecen las autoridades federales después de más de tres semanas de este desastre, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, aseguró que, hasta el momento, existe un daño ambiental “severo”, declaración que contrasta con la opinión de la gobernadora Rocío Nahle que sigue minimizando esta situación.
El grupo interdisciplinario confirmó que la afectación abarca más de 600 kilómetros del litoral de los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y han podido limpiar 223 kilómetros en donde han recolectado 430 toneladas de hidrocarburo.
Bárcena indicó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente –el cual encabezó Ángel Carrizales el sexenio anterior y que actualmente lleva ya tres titulares en la presente administración– está interponiendo las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable.
Mencionó que el grupo interdisciplinario –conformado por diversas instituciones, entre ellas, la Semarnat y Marina–, crearán un observatorio ambiental “permanente” el Golfo de México, además de que se comprometió a mantener un monitoreo continuo para instrumentar las acciones necesarias para la contención del contaminante.
La pasividad de Carrizales López ante este desastre ecológico no debería sorprender a los veracruzanos. El 1 de julio 2021, Mathieu Tourliere, de la revista Proceso, publicó que en el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), a cargo de Carrizales López, operó en gran parte sin lineamientos, mecanismos de evaluación, procesos de gestión integral y con manuales desactualizados, con lo que impuso una sola multa derivada de acciones de supervisión, según determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la conclusión de un extenso informe de auditoría de cumplimiento y desempeño, la ASF determinó que la ASEA “mostró debilidades en el modelo de Gobernanza por parte de sus órganos de gobierno” lo que “limitó la eficacia y eficiencia de sus operaciones, debido a las deficiencias en los mecanismos de regulación, conducción, gestión, control, medición y seguimiento” de sus actividades.
Ello, de acuerdo con el organismo fiscalizador, “podría propiciar la conformación de condiciones favorables para la discrecionalidad en la adopción de decisiones, la falta de certeza y transparencia de las operaciones, y la materialización de riesgos”.
En noviembre de 2019, López Obrador entregó la ASEA al ex integrante de su equipo de ayudantía, Ángel Carrizales López, después que el Senado lo rechazó para ocupar cargos en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en Pemex y en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para los que el mandatario morenista lo había propuesto a pesar de su evidente falta de experiencia.
En aquel entonces, López Obrador aseveró que el joven, quien trabajó en la secretaría de Finanzas del Distrito Federal durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera y posteriormente de Morena, había pasado la “prueba de confianza”; su nombramiento se hizo a pesar de Víctor Manuel Toledo, a la sazón titular de la Semarnat, de la que depende la ASEA, la cual tiene la tarea titánica de vigilar y sancionar las afectaciones ambientales generadas por la extracción de hidrocarburos, y tiene a su cargo los 9 mil 300 pozos terrestres, las 250 plataformas marinas, las 12 mil gasolineras, las 111 terminales de almacenamiento, los 60 mil kilómetros de ductos, las seis refinerías y los nueve centros procesadores de gas natural que existen en México.
Para esta labor mayúscula, la ASEA contaba en 2020 con apenas 309 funcionarios de planta, 75 plazas menos que en 2019, pues sufrió una serie de recortes presupuestarios de 2016 a 2019.
Así, según la Auditoría Superior de la Federación, la ASEA realizó mil 216 actos de supervisión en 2020, de los cuales mil 12 terminaron sin sanciones, 197 siguen en análisis, en seis presentó “multas e imposición de medidas” y en uno determinó una multa; en paralelo, la agencia realizó 256 investigaciones sobre 72 incidentes y accidentes operativos, y de sus actividades de inspección decretó 61 clausuras temporales, de actividades para empresas que infringieron alguna norma.
La ASF determinó que la ASEA no contó con “políticas, procedimientos, metodologías, guías actualizadas u otras disposiciones que garantizaran el proceso de evaluación para la salvaguarda de los recursos naturales y la eficaz regulación el sector hidrocarburos que le permitan reducir los riesgos relacionados con el impacto ambiental, los sistemas de administración de la seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental”.
La agencia tampoco tenía normas para evaluar “protocolos de respuestas a emergencias; residuos peligrosos; atmósfera, residuos de manejo especial de terceros, avisos de pozos, sitios contaminados, auditoría ambiental, cambio de uso de suelo, cierre, desmantelamiento y abandono, metano y línea base ambiental”, por lo que la ASF estimó que “se corre el riesgo de que la ASEA no cuente con elementos normativos suficientes para valorar las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA)”.
En octubre de 2024, al dar a conocer el nombramiento de Carrizales como próximo Procurador de Medio Ambiente del Estado, la entonces gobernadora electa Rocío Nahle destacó que el Ingeniero Químico egresado de la Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas, con especialización en materia Ambiental, se había desempeñado como Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y que en el sector de Hidrocarburos fungió como técnico especialista en las áreas de calidad ambiental, operacional, seguridad e inspección técnica en la refinería de Francisco I. Madero en Tamaulipas, y que también había trabajado como especialista en el activo Ku Maloob Zaap ubicado en la Sonda de Campeche.
En noviembre de 2019, al preguntársele sobre el polémico nombramiento de Ángel Carrizales como titular de la ASEA, el entonces presidente López Obrador dijo conocerlo bien, “¿y saben qué es lo que más me importa, más que la experiencia?, la honestidad, porque hay quienes tienen mucha experiencia, están graduados en universidades del extranjero, pero son deshonestos”.
“A nosotros lo que más nos importa de todo, es la honestidad, si hablamos en términos cuantitativos, 90 por ciento honestidad 10 por ciento experiencia”, agregó, criticando que antes se privilegiaba con 90 por ciento a la experiencia, “buenísimos y además charlatanes, pero eso sí, muy corruptos, de los que firmaban todo por mantener salarios de 300, 400 mil pesos mensuales, gente sin decoro”.
Y aplaudió que temas como el nombramiento de Carrizales López salieran a la conversación porque “un país con tanta corrupción, lo más importante es que haya servidores públicos honestos, esos que prefieren dejarle a sus hijos pobreza, no deshonra”.
Las críticas en redes sociales fueron acompañadas de una fotografía obscena del joven funcionario obradorista. “La foto es lo de menos. La foto qué. Lo relevante es que no tiene competencia, no es idóneo. Le falta experiencia. Fue evidenciado en el Senado. Etc. La foto qué”, posteó el 25 de noviembre de 2019 el aun articulista del diario Reforma, Genaro Lozano, actual embajador de México en Italia.
EL IPE, EN BUENAS MANOS
Fundado hace 74 años, el 14 de marzo de 1952, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ha sobrevivido a una serie de abusos, saqueos, inversiones equivocadas y decisiones administrativas erráticas atribuidas en su mayoría a los gobiernos priistas que hasta el 30 de noviembre de 2016 estuvieron en el poder durante 11 sexenios consecutivos.
Fueron muy pocos sus directivos que en esas siete décadas actuaron con recato, pues hubo casos de algunos abusivos que llegaron a autoasignarse sueldos de hasta 800 mil pesos mensuales. O un excontralor general del Estado que intentó que un director contratara a un despacho contable que, por una auditoría, pretendía cobrar ¡10 millones de pesos! Y ya ni se diga las pensiones doradas de hasta más de 100 mil pesos al mes que por influyentismo se les asignaron a varios exfuncionarios en retiro.
El actual director, Luis Octavio Hernández Lara, acaba de presentar su informe de actividades del primer año del mandato de la gobernadora Rocío Nahle, en el que reafirma que “nuestra misión esencial permanece inalterable: garantizar con responsabilidad, certeza y estricto apego a la ley el pago de pensiones, jubilaciones y prestaciones”.
“Para este Instituto –añade Hernández Lara– la Seguridad Social no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental. Bajo esta visión de Estado, concebimos lo público como un espacio de servicio y asumimos la responsabilidad histórica de proteger a nuestras personas adultas mayores. Esta convicción define una etapa de transformación institucional donde la dignidad y la justicia social son el eje rector de cada decisión”, remarca.
Luego del rescate que inició la primera directora de la transformación, Daniela Griego Ceballos –actual alcaldesa de Xalapa– ahora su titular, el maestro Hernández Lara le ha impuesto su propio sello al trabajo realizado, en la dinámica del fortalecimiento del sistema pensionario, para beneficio de las y los trabajadores que desgranaron su vida desde el servicio público.
En el informe se hace un reconocimiento a todas y todos los trabajadores que forman parte de esta institución y, por supuesto, a los sindicatos que integran el Consejo Directivo, pues los liderazgos sindicales son quienes cuidan, protegen, velan por la seguridad y el buen manejo de la Reserva Técnica que, con un crecimiento anual del 16.5%, al cierre del año que se informa alcanzó los 3 mil 211.32 millones de pesos, sumando rendimientos históricos que, junto al patrimonio inmobiliario, blindan la solvencia de esta institución.
El IPE cuenta con más de 78 mil agremiados de 243 organizaciones sindicales, que se han desempeñado en ayuntamientos, la Secretaría de Educación, el Gobierno del Estado en general y la Universidad Veracruzana. Además, más de 20 mil trabajadores, que no cuenta con algún sindicato, realizan sus aportaciones de forma independiente, destacando, por ejemplo, el personal de confianza del Gobierno del Estado.
“En el IPE –expone el director en su presentación– se ha trazado una ruta de estrategia que prioriza el uso honesto de los recursos y la modernización de procesos. De igual forma, somos conscientes de la necesidad de actualizar y fortalecer el sistema solidario de pensiones en el Estado; por ello, mantendremos estrategias de comunicación y consenso con la base trabajadora, y las organizaciones sindicales, impulsando una ruta responsable para la sostenibilidad del Instituto”.
En su informe, Luis Octavio aporta datos puntuales sobre Gestión Financiera Responsable, Cumplimiento Integral en el Otorgamiento de las Prestaciones Institucionales, Administración Transparente, Eficiente y Digital y Compromiso Institucional con el Bienestar de la Derechohabiencia.
En resumen, la administración del IPE ha seguido una ruta difícil pero efectiva: la de la disciplina financiera y la de la honestidad.
En la conclusión de este primer informe de Hernández Lara se destaca que “al cierre de 2025, el IPE trabaja en la construcción de un sistema de pensiones solidario sostenible, garante de la Seguridad Social para las y los trabajadores al servicio del Estado. Esta visión, impulsada desde diciembre de 2018, ha permitido que el crecimiento histórico de la Reserva Técnica no sea un hecho accidental, sino el resultado directo de la continuidad de una política de austeridad republicana y un manejo prudente de los recursos públicos para fortalecer la viabilidad del sistema”.
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