No resulta alentador observar cómo el derrame de hidrocarburo está contaminando el litoral veracruzano afectando severamente al entorno ecológico y colateralmente a pescadores y prestadores de servicios turísticos, principalmente restauranteros. Tampoco es halagüeño advertir la ausencia de información acerca del origen del contaminante. porque a quince días de haberse iniciado las autoridades, según dicen, aun desconocen la identidad del buque de donde salió el carburante. Pasan los días, el daño ecológico se acrecienta y el impacto económico en un sector importante de la población aumenta. La presidenta informa de labores de limpieza por parte de Pemex, aunque no es responsable de la fuga contaminante, como si no estuviera dentro de las obligaciones del gobierno atender eventos de esta naturaleza; pero es comprensible porque el gobierno luce abrumado frente a la multiplicación de problemas por resolver: reducir los índices de la violencia en el país, atemperar el ánimo intervencionista de Trump emprendiendo acciones efectivas contra los cárteles delincuenciales, controlar el ritmo inflacionario provocado por el encarecimiento del petróleo, intensificar las acciones de seguridad por la cercanía del ya muy próximo campeonato mundial de futbol, atenuar la beligerancia de los duros de su partido enviando “ayuda humanitaria” a Cuba, etc.


Pero, además, después de desaparecer al Coneval, al Instituto Nacional de Transparencia, instituciones cuyo aporte a la gestión pública se correspondía con el avance democrático, la vorágine reformista sigue su curso. Nada explica en congruencia la necesidad de reformar la constitución política para adelantar de 2028 a 2027 la Revocación de Mandato, como lo propone la iniciativa presidencial cuyo dictamen ya ha sido aprobado en el senado por la Comisión legislativa respectiva, no existe un movimiento de pérdida de confianza en el gobierno que habilite el pretendido adelanto, tampoco oculta la pretensión de otorgarle a la presidenta el derecho a hacer campaña por su partido. El espíritu de esa reforma delata animo impositivo, autoritarismo exacerbado. Se acompaña, o coincide, con la reciente disposición del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de cancelar el permiso para recibir donativos deducibles de impuestos a decenas de organizaciones de la sociedad civil. Cabe aquí el adagio: “no hagas cosas buenas que parezcan malas”, porque esa disposición impacta a organizaciones no gubernamentales, como México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Mujeres Unidas Contra el Cáncer de Mama, Mexicanos Primero y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que en no pocas ocasiones han difundido información contrastante con las del gobierno. Ese acuerdo del SAT sugiere un intento de desaparecer organizaciones de la sociedad civil cuya gestión autónoma choca con el discurso y las acciones del gobierno. Muy preocupante porque esa tendencia se está convirtiendo en costumbrismo sociopolítico con rumbo al pleno dominio del Estado sobre la sociedad.

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