Las cosas en Baja California están al rojo vivo. Y no es para menos, ya que la relación entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, ha pasado de la tensión política a una ruptura institucional definitiva. Lo que comenzó como un relevo de estafeta entre cuatroteistas, pronto se transformó en una lucha de poder sin cuartel que, en pleno marzo de 2026, encuentra su clímax en los tribunales.
Primero fue Bonilla quien acusó directamente a Marina del Pilar de encabezar un cártel del narcotráfico y de permitir que su administración se convierta en una organización criminal. Mario Delgado, exdirigente nacional de Morena, rechazó en su momento las acusaciones de Bonilla y expresó su respaldo total a la gobernadora, lo que marcó el alejamiento definitivo de Bonilla de Morena.
Pero, con la vinculación a proceso de Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California entre 2019 y 2021, el sistema judicial ha puesto bajo la lupa no solo a un individuo, sino a un estilo de gobierno que prometió ser radicalmente distinto a sus predecesores; así que el 24 de marzo de 2026 marcará un antes y un después en la narrativa política de la 4T en el noroeste del país.
Tras una maratónica audiencia de casi 24 horas, el juez de control Gerardo Anguiano Ceja determinó que existen elementos suficientes para procesar a Bonilla por tres delitos específicos: peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.
El núcleo del conflicto es el proyecto de la planta fotovoltaica Next Energy, un contrato millonario firmado durante su administración para abastecer de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana. La fiscalía sostiene que el contrato se otorgó sin las licencias federales necesarias y comprometió las finanzas estatales mediante participaciones federales como garantía, a pesar de que la planta nunca se construyó.
La relevancia de este proceso trasciende lo jurídico debido al perfil político de Bonilla, quien fue una pieza clave para la expansión de Morena en el norte de México, manteniendo una estrecha relación personal y política con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador desde los orígenes del movimiento. Tras dejar la gubernatura, su relación con la actual administración estatal, encabezada por Marina del Pilar Avila Olmeda, se fracturó profundamente. Esta última ha impulsado las denuncias que hoy lo tienen frente a un juez, señalando que con esta vinculación ya suman 10 personas procesadas por el caso Next Energy.
Ante el distanciamiento con Morena, Bonilla encontró cobijo en el Partido del Trabajo, desde donde ha mantenido un discurso crítico hacia sus antiguos aliados, lo que añade una capa de “persecución política” a su defensa. Dónde otros implicados han tenido mucho que ver con la situación, desde Mario Delgado, hasta Luisa María Alcalde, pasando por los López y algunos otros gobernadores.
No olvidemos que Jaime Bonilla Valdez ha tenido una estrecha y duradera vinculación con Andrés Manuel López Obrador, basada en una amistad personal que data desde antes de la fundación de Morena. Fue un operador clave para AMLO en el norte del país, financiando su movimiento y siendo fundamental en la consolidación de Morena en Baja California.
Por esto y más, el caso Bonilla representa una prueba de fuego para la 4T: Si el proceso llega a una sentencia condenatoria, Morena podrá argumentar que “no se protege a nadie”; y si el caso se diluye en tecnicismos, reforzará la percepción de que los nexos políticos siguen pesando más que la justicia penal.
Hoy, la relación entre Marina y Bonilla ya no se mide en reuniones de gabinete ni acuerdos políticos, sino en fallos judiciales. Con Bonilla vinculado a proceso, tras 13 diferimientos y con la imposición de medidas cautelares, la gobernadora Ávila Olmeda parece llevar la ventaja en este ajedrez.
Ya que por lo pronto, el primer gobernador morenista de Baja California se une a la lista de exmandatarios que deben rendir cuentas ante los tribunales. Y sienta precedentes para lo que podría sucederle a Cuitláhuac García en Veracruz, a Cuauhtémoc Blanco en Morelos, o Adán Augusto López en Tabasco.
El exmandatario enfrentará el juicio en libertad, porque el juez de su causa le fijó una garantía económica de 100 mil pesos y otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Que además serán meses decisivos en el devenir político de esa norteña entidad.
La pregunta que queda en el aire para los bajacalifornianos es si esta “guerra de seis meses” terminará con el exgobernador inhabilitado definitivamente o si la relación seguirá deteriorando el clima político del estado de cara a los próximos procesos electorales.
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