Campeche.- En una decisión que ha generado fuerte controversia, la mayoría de los diputados del Congreso del Estado de Campeche aprobó en sesión reservada la restauración del fuero constitucional para legisladores y servidores públicos, figura que había sido eliminada en 2016 durante la administración de Alejandro Moreno.
La medida, aprobada la noche del lunes 3 de febrero de 2026, se tomó en medio de una profunda fractura interna en Morena, el partido que controla tanto la gubernatura como la mayoría legislativa. Al menos 10 (o hasta 11, según diversas fuentes) de los 16 diputados morenistas rompieron con la gobernadora Layda Sansores San Román, a quien acusan de ejercer presiones políticas y de orquestar una campaña de persecución contra quienes se opusieron a sus iniciativas.
El detonante del conflicto se remonta a noviembre-diciembre de 2025, cuando el Ejecutivo estatal impulsó una Ley de Ingresos 2026 que incluía la contratación de una deuda por mil millones de pesos para cubrir recortes presupuestales federales y otros compromisos. El entonces presidente de la Mesa Directiva y coordinador de la bancada morenista, José Antonio Jiménez Gutiérrez, se opuso públicamente a la propuesta, argumentando la necesidad de analizar alternativas para no incrementar la carga financiera del estado a futuro.
La tensión escaló el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero de 2026, durante la instalación del periodo ordinario de sesiones. Jiménez denunció un supuesto intento de detención por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado, calificándolo como persecución política derivada de su postura contra la deuda y de haber facilitado —según críticos— que la presidencia de la Mesa Directiva pasara a un legislador de Movimiento Ciudadano (MC), rompiendo así el control absoluto de Morena en el Congreso.
Ante el temor a represalias judiciales, la mayoría legislativa (con votos de Morena y aliados) aprobó reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para restituir el fuero, argumentando la necesidad de proteger la libertad de ejercicio legislativo frente a posibles arbitrariedades del Ejecutivo estatal.
La gobernadora Layda Sansores rechazó la decisión y la calificó como un retroceso democrático, recordando que la eliminación del fuero en 2016 respondió a una demanda ciudadana de rendición de cuentas. El gobierno estatal emitió un comunicado en el que enfatiza su compromiso con la transparencia y rechaza cualquier forma de impunidad. Seis diputados morenistas se pronunciaron leales a Sansores, acusando al grupo de Jiménez de “traición” y de actuar por miedo a investigaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum intervino en el tema al pedir “serenidad, paciencia, paz y amor” entre las partes, en un intento por evitar que la crisis local escale a nivel nacional.
La restauración del fuero requiere ahora la aprobación de al menos la mayoría de los 13 ayuntamientos del estado para su promulgación definitiva. Hasta el momento, siete alcaldes morenistas han expresado su respaldo a la gobernadora y han calificado la medida como un retroceso.
En Campeche, el regreso del fuero —una figura históricamente criticada por fomentar impunidad— se presenta paradójicamente como escudo contra lo que un sector del partido describe como autoritarismo desde el Ejecutivo local.
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