Sheinbaum-Nahle: ¿Discrepan?

Ayer trascendió, en la Ciudad de México, que Morena y sus aliados PT y PVEM alistan su estrategia política: una reforma electoral donde adelantarían la revocación de mandato para 2027 y eliminarían el fuero constitucional para diputados federales, senadores, legisladores locales y gobernadores.

Según confirmaron fuentes legislativas de la 4T al diario Reforma, la intención de este plan electoral es que, al adelantar la revocación de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum, tácitamente, estará en la decisión de los electores junto a la elección intermedia de la Cámara baja del Congreso de la Unión el 6 de junio del año próximo, donde Morena pretende ratificar su mayoría. Ese mismo día, los votantes recibirán también una boleta con la consulta de la revocación, lo que permitiría que, en el proceso, la jefa del Ejecutivo federal pueda hacer “campaña” por todo el país, donde simultáneamente se elegirán las gubernaturas de 17 estados, se renovarán 31 Congresos locales y las alcaldías de 30 entidades.

Este trascendido vuelve a colocar en una situación incómoda a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien a finales de octubre pasado afirmó que quienes promovían la revocación de mandato en su contra deberán esperar a los tiempos legales, pues les recordó que ella fue electa para gobernar hasta 2030 y que respetará esa determinación ciudadana.

“Está bien, ahí que se entretengan”, contestó al preguntársele sobre quienes impulsan que la consulta de revocación de mandato se realice en el proceso electoral local de junio de 2027.

La mandataria veracruzana expresó que el ejercicio democrático está contemplado en la ley, pero no como mecanismo de presión política en plena contingencia por las inundaciones recientes, respondió Nahle García en referencia al fenómeno meteorológico que devastó principalmente la zona norte de la entidad.

“A Veracruz se le respeta. Este pueblo merece respeto y su gobernante también”, sentenció.

Nahle reiteró que, aunque existe un sector que pide adelantar este proceso, las urnas ya decidieron y las instituciones deberán definir el procedimiento y los plazos que correspondan.

“¿Cómo es posible que en plena contingencia aflore lo peor de un sectorcito?”, expresó en tono peyorativo.

En la entidad, ante el pasmo y apatía de la oposición, el que ha impulsado este tema como ciudadano es el abogado xalapeño Eduardo de la Torre Jaramillo, un académico de la Universidad Veracruzana (UV) y ex diputado federal que el 3 de febrero de 2025 interpuso un juicio electoral ciudadano en contra del Congreso del estado, el cual le fue resuelto favorablemente el 1° de abril de ese mismo año por el Tribunal Electoral de Veracruz a través de su sentencia TEV-JDC-18/2025, en la que obligaba a los diputados locales a legislar sobre la ley secundaria de revocación de mandato.

Pero según publicó posteriormente De la Torre, ese día “el TEV me había notificado que el Poder Legislativo local ya había cumplido con la primera sentencia, bajo el absurdo pretexto de que el área jurídica recibió la sentencia electoral, éste se lo pasó al secretario general del Congreso, y este último al presidente de la Junta de Coordinación Política, eso fue el día 10 de abril de 2025, y con esa simulación legislativa el tribunal local electoral, que es morenista, avaló la omisión legislativa”.

Explicó que “la sentencia de marras la impugné ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien consultó a la Sala Superior del TEPJF. ¿Qué Sala debía resolver el recurso electoral, la Regional o la Superior?, y la Sala Superior decidió atraer la sentencia, justo la que el día de hoy, 3 de diciembre de 2025, falló en contra del TEV, primero revocando su ridícula sentencia, las cuales siempre son políticas y nunca jurídicas, esta realidad jurídica se impuso desde 2018, lo que evidencia que marcadamente son magistrados del bienestar”.

Y puntualizó que “la sentencia del día de hoy de la Sala Superior fue congruente con la sentencia de 2020, donde el Congreso de la Unión hizo la reforma constitucional pero, como suelen ser los congresos, no cumplió con el plazo de hacer la ley secundaria en 180 días, tal y como sucedió con el Congreso de Veracruz, que debió haber hecho la ley secundaria hace 4 años; y la sentencia de la Sala Superior fue darle 30 días para que el Poder Legislativo federal aprobara la ley secundaria, la cual cumplió en tiempo y forma, de allí que fue el mismo plazo que le solicité a los tribunales electorales federales. Por lo que ahora tendrá el Congreso local que legislar obligatoriamente y en un tiempo reducido la referida ley secundaria sobre revocación de mandato”.

A través de la plataforma www.change.org, De la Torre había logrado reunir 11 mil firmas para avalar la iniciativa de ley sobre la revocación de mandato y legitimar a la primera sentencia electoral.

Sin embargo, él mismo reconoce la tortuosidad del proceso en caso de que los congresistas veracruzanos acataran finalmente el mandato judicial.

Señala, por ejemplo, que “la mañosa reforma constitucional” de 2019 –que se implementó en 2022 con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el único gobernador de oposición, el panista José Rosas Aispuro Torres, en Durango– estableció que todas las entidades federativas deben reunir el 10% de las firmas para llevar a cabo la revocación de mandato de cualquier mandatario estatal, y que, en el caso veracruzano, deben ser mínimo 600 mil firmas, por lo que es necesario establecer una organización municipal en los 212 ayuntamientos, además de comités ciudadanos en cualquier localidad para hacerlo desde la micropolítica..”

Además, comentó que si bien la ruta es institucional ante el órgano electoral local, para someter a la gobernadora Nahle a un proceso revocatorio, y después de lograr las firmas exigidas por la ley, se tendría que convencer a 2.5 millones de veracruzanos para que salgan a votar, puesto que después de alcanzar el 10% de las firmas, para que la votación sea vinculante, se requiere que salga a votar el 40% de la lista nominal.

En conclusión: no está fácil revocarle el mandato a la titular del Poder Ejecutivo del estado, quien además en los últimos días ha presumido su ascenso en las encuestas de popularidad.

Hace un mes, sus operadores mediáticos difundieron que “México Elige”, una encuestadora que no se caracteriza precisamente por simpatizar con la Cuarta Transformación, pues su línea política ha sido crítica hacia los gobiernos de la 4T, había dado a conocer un sondeo en el que la mandataria veracruzana, en solo un mes, había subido más de ocho puntos en aprobación y escalado siete posiciones en el ranking nacional, pasando del lugar 26 en noviembre al lugar 19 en diciembre.

¿Entonces por qué la resistencia a legitimarse nuevamente en las urnas? ¿Temerá acaso que de someterse a la revocación de mandato pudiera exponerse a la posible maniobra del llamado “fuego amigo” de sus propios correligionarios, tal como se lo advirtió ayer el diputado federal yucateco José Elías Lixa Abimerhi, coordinador de la bancada del PAN, a la presidenta Sheinbaum si Morena decide adelantar y empatar este ejercicio de participación ciudadana con los comicios locales y federales de junio de 2027?