enero 14, 2026

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El nuevo salario mínimo

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Este año trajo buenas nuevas para los trabajadores mexicanos.


A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo se incrementará un 13%, pasando de $278.80 a $315.04 pesos diarios: Un ingreso mensual de $9,451.20, $1,087.20 de más con respecto a los $8,364.00 mensuales de este año.


Adicionalmente, el Gobierno y las cúpulas empresariales acordaron la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Esta disminución se implementará a razón de dos horas por año a partir de enero de 2027 y culminará en 2030, con periodo de transición en 2026 y sobre todo, no habrá afectación al salario de los trabajadores. Justicia laboral.

Sin embargo, existe la otra cara de la moneda.


El incremento salarial y la reducción de la jornada impactan directamente a las micro y pequeñas empresas (MiPyMEs) que son el pilar de la economía mexicana, representan más del 99% de las empresas, generan el 70% del empleo formal y aportan más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB).


Además, las proyecciones económicas indican que el crecimiento de la economía mexicana es malo, con estimaciones optimistas que apenas alcanzan el 1% anual.


Ante este panorama, debemos preguntar si los dueños de microempresas—como el tendero, el carnicero, el restaurantero o el estilista—han tenido crecimiento suficiente en sus ventas, o al menos, una disminución en el precio de los insumos que les permita absorber el costo de la nueva jornada y salario.


Los acuerdos de aumento y reducción laboral fueron suscritos principalmente por las grandes corporaciones y grupos empresariales, que cuentan con la capacidad financiera para resistir estos cambios. En las condiciones económicas actuales del país, resulta imposible que las MiPyMEs puedan sobrellevar esta carga sin ayuda.


El Gobierno capitaliza estos logros, pero no define con claridad qué apoyos fiscales o económicos se brindarán a las empresas afectadas: ¿Se implementarán reducciones de impuestos? ¿Habrá disminución en el costo de servicios esenciales como electricidad o predial? ¿Se flexibilizará el pago de cuotas ante el IMSS o el INFONAVIT? ¿Existirán líneas
de crédito accesibles?


En otros países latinoamericanos, como El Salvador o Costa Rica, los gobiernos incentivan el fortalecimiento de las MiPyMEs mediante la aplicación de descuentos en derechos y condonaciones fiscales graduales, a cambio de la creación de nuevos empleos.


En México, el enfoque es distinto. Se aplica la justicia laboral al trabajador—pagándole mejor y reduciendo su jornada—mientras que el empresario debe asumir la responsabilidad de cumplir con estas nuevas disposiciones sin un esquema de apoyo recíproco. Por el contrario, ante la necesidad de financiar su déficit presupuestario, el gobierno ha reforzado
al SAT para incrementar la recaudación fiscal.


La implementación de estas justas medidas laborales pueden ser también la estocada final para la viabilidad o no de las micro y pequeñas empresas mexicanas.


¿O usted qué opina?

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