Un dicho muy popular dice que tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. O sea, es culpable o responsable, o las dos cosas, quien desvía o roba recursos públicos, o las dos cosas, como quien es cómplice porque le ayuda o le facilita a hacerlo.
Impotente, agraviado, el ciudadano común, responsable con sus obligaciones para el sostenimiento y desarrollo de la comunidad, como el pago de impuestos, asiste en estos días a una danza de cifras de siete y más dígitos de dinero que se robó una bola de bandidos, en su momento mal llamados funcionarios o servidores públicos.
En medio de un mar de lodo de corrupción, de pronto sale a la superficie una mujer que exhibe a todo el sistema de gobierno cuando da una cifra precisa de dinero robado, ofrece fechas y les pone nombres y apellidos a los autores, e implícitamente exhibe la complicidad de gobiernos subsecuentes que se han abstenido de actuar para reparar el daño patrimonial causado.
Hay fechas relativamente lejanas, 2010 y más, de cuando se empezaron a cometer los atracos, pero hay fecha actual también de cuando se continúan cometiendo, y el ciudadano ve cómo los ladrones solo han cambiado de chaqueta, de tricolor a color guinda, y, muy lacerante, cómo ahora mismo la autoridad que debiera investigar y castigar no actúa con el argumento de que el caso ya prescribió, para tratar de encubrir el deficiente trabajo con base en el cual determinó que no hay daño y, por lo tanto, delito que perseguir.
Hay sentencias firmes para recuperar lo robado
La Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado, Delia González Cobos, de pronto se volvió noticia y escandalizó cuando reveló, el jueves pasado, que existe un daño patrimonial al Gobierno del Estado por más de 22 mil millones de pesos causado a partir de 2010 por exfuncionarios y exalcaldes, de los cuales, 15 años después, no se ha recuperado un solo peso (y, como diría Don Teofilito, ni se va a recuperar).
Las deudas por recuperar, o a pagar, o créditos fiscales, según el lenguaje especializado, las tiene que recuperar la Secretaría de Finanzas y Planeación. Sobre ello se le preguntó el lunes a la gobernadora Rocío Nahle, pero respondió que le pidieran la aclaración a la maestra González Cobos porque su administración no tiene nada recuperado (y se vio que no está informada ni sabía de lo que se estaba hablando).
La titular del ORFIS (licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, ex Procuradora Fiscal del Gobierno del Estado, asesora en materia fiscal en la Comisión de Gobierno de la I Legislatura de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, y directora de Legislación en la Procuraduría Fiscal de la Federación, entre otros cargos, originaria de Lerdo de Tejada, lo cito para dar idea de que sabe algo del tema), recogió la petición y este mismo martes dejó muy claro, en conferencia de prensa, que hay sentencias administrativas firmes contra los implicados, por lo que no tienen más que pagar, además de que hay procesos penales abiertos.
La Auditora General del ORFIS dio nombres y apellidos
Por eso mismo, porque no se trata de presuntos, sino de culpables, citó nombres, muchos nombres, todos, o casi todos, funcionarios en los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, ambos del PRI: Maritza Mendoza Rocha, Manuel Rosendo Pelayo, Carlos de Jesús Sosa Ahumada, José Antonio Ocaña Ronzón, Armando Cano Andrade, Fernando Hernández Méndez, Arnulfo Octavio García Fragoso, Alfredo Jaén García, Carlos Molina Grajales, Carlos Verde Osorio, Anelle Marcela Morales Lozano, Ángel Ciddharta Ceballos Ortiz, Vicente Guillermo Benítez González, Francisco Javier Hernández Luna, Amadeo Bustos San Martín, Harry Manuel Grappa Guzmán, Ramón Antonio Ramos Reyes, Alejandro Villanueva Cerón, María Guadalupe Elizabeth Ponce Sánchez, y el veracruzano común sabe que hay muchos más.
Y además alertó para que no burlen a la autoridad
Además de revelador, fue sorprendente que la misma Auditora alertara que se debe vigilar que los exfuncionarios y exalcaldes que causaron daño patrimonial no traten de disimular o traspasar los bienes que tienen para evitar cubrir los créditos fiscales que pesan en su contra. Recordó que el Derecho establece, para esos casos, una acción pauliana (figura del Derecho Civil) para la recuperación de deudas cuando se pretende evadir el pago de un crédito. “Habría nada más que investigar en qué momento se pudo hacer la transmisión de bienes inmuebles en el Registro Público, si fue cuando se estaba llevando a cabo un juicio, para recuperar cantidades malversadas. Obviamente que eso puede revertirse, la Ley lo prevé”, afirmó.
No puede haber nuevos ricos con una población lastimada, dice
González Cobos manifestó que las resoluciones no deben quedarse en el papel. “No podemos seguir acostumbrándonos a que cada año demos a conocer montos del daño patrimonial y veamos que no ocurre nada. Dijo que el problema requiere de una nueva visión institucional y llamó a evitar la corrupción y la impunidad. “No podemos seguir viendo nuevos ricos mientras que la ciudadanía sigue siendo lastimada. Hacemos un trabajo, sí, pero es insuficiente. Todos debemos hacer la parte que nos toque”.
No es daltónica y también arrasó con Cuitláhuac y los suyos
El miércoles de la semana pasada, la propia titular del ORFIS presentó el informe correspondiente a la Cuenta Pública 2024, la última del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, en el que reportó un presunto daño patrimonial por 2 mil 372 millones 867 mil 596 pesos, tan solo de ese año, porque en los anteriores también los hubo. La Auditora confirmó lo que ya se sabía y que se vino exhibiendo en los medios: que en el gobierno de Cuitláhuac hicieron un cochinero con las obras emblemáticas de su sexenio: la reconstrucción del estadio Luis “Pirata” Fuente en Boca del Río, el Acuario de Veracruz y el Nido del Halcón, inmueble deportivo en Xalapa, sin concluir, obras que, no cabe otra explicación, las utilizaron para robar recursos en contubernio con empresarios, aunque no fueron las únicas.
Además, de los 212 municipios, solo 38 no tuvieron daño patrimonial. El detalle es que la mayoría son presididos por alcaldes de Morena, ante lo cual dijo que su gestión se ha definido como una administración “daltónica”, porque no ve colores. Expresó que ella recibe a todos los alcaldes y presidentas municipales y que “Ya cuando estoy platicando con ellos no les pregunto: y usted de qué partido es, porque los recibo y no veo colores, no distinguimos nosotros si es de un partido o de otro. Si en el expediente están las constancias, con eso es suficiente”.
¿Por qué no procede el Gobierno de Rocío y también la Fiscalía?
Ella, pues, ya hizo su parte: auditó, comprobó, denunció y logró sentencias administrativas. ¿Por qué no procede el gobierno de Rocío Nahle para resarcir el daño patrimonial causado cuando tiene todos los elementos que da el poder para lograrlo? ¿Por qué la Fiscalía General del Estado no ha emitido una sola acusación penal hasta la fecha? Se la llevan con puras declaraciones a la prensa pero no pasan de los dichos a los hechos. ¿A quién o a quiénes protegen?
Alienta lucha de la Copipev y actuación de juez de control
Apunté al inicio que es muy lacerante saber cómo, ahora mismo, la autoridad que debiera investigar y castigar, la Fiscalía General del Estado, no actúa, con el argumento de que un robo a la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) por 2 mil 200 millones de pesos ya prescribió, solo para tratar de encubrir el deficiente trabajo con base en el cual determinó que no hay daño y, por lo tanto, delito que perseguir.
Es gratificante saber que la lucha de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) por recuperar lo que es de los jubilados y los pensionados ha prosperado y que la tarde del lunes un juez de control les dio la razón. Es grave y preocupante que concluyó que la Fiscalía no realizó una argumentación correcta y suficiente para desvirtuar los motivos de inconformidad. Fue esperanzador que revocara la determinación impugnada y ordenara la reapertura de la carpeta de investigación, y que determinara que una vez agotada exhaustivamente la investigación, la Fiscalía emita una nueva determinación, en la que examine la totalidad los datos de prueba.
Piden choferes para los “Ulúa”, ¡aunque no tengan licencia!
¡Uf! ¡Uf! y ¡Recontra Uf! Resulta que la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, a cargo del flamantísimo titular Luis Arturo Santiago Martínez, está reclutando operadoras u operadores (choferes) para los camiones “Ulúa” de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. En el anuncio respectivo señalan los requisitos que deberán cumplir los interesados: INE, copia del CURP, comprobante del último grado de estudios, comprobante de domicilio, carta de recomendación de su último empleo, constancia de antecedentes no penales y una fotografía tamaño infantil a color. ¡Lo único que no piden es licencia para conducir! No, señora gobernadora, la entiendo, es como para ponerse a llorar por la calidad de colaboradores que tiene.
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