Urge la intervención del Congreso Legislativo para resolver la crisis de legalidad en la UV

Escribe: Rafael Vela Martínez

 En días pasados el diputado Esteban Bautista, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso Legislativo de Veracruz, cuestionó el destino del presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana (UV), en medio de las discusiones para la asignación de recursos del año 2026; pero, sobre todo, en un momento en que nuestra Máxima Casa de Estudios registra una severa crisis de legalidad, por cuanto la Junta de Gobierno le otorgó, de manera ilegal, una prórroga por 4 años más al frente de la Rectoría, a Martín Gerardo Aguilar Sánchez.

Frente a este escenario, la comunidad universitaria está en espera de que lo aseverado por el diputado Esteban Bautista, al cuestionar el destino del presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana para 2026, encuentre eco ante los órganos fiscalizadores de la cuenta pública, tanto federal como estatal, a fin de que se revise el presupuesto ejercido durante la gestión del señor Martín Aguilar al frente de Nuestra Máxima Casa de Estudios y de no solventarse las observaciones que las legislaturas y los entes de fiscalización hayan detectado, se ejerzan las acciones legales a fin de deslindar responsabilidades y aplicar las indemnizaciones que correspondan. Por ello, nuestro apoyo a la Gobernadora de Veracruz y a Esteban Bautista, en su afán de ejercer un manejo responsable de los dineros, cuya opacidad ha imperado en los últimos cuatro años en la Universidad Veracruzana.

Es muy importante señalar que en pleno reconocimiento de la actitud ética y de gran compromiso social del diputado Bautista,  es que un amplio grupo de universitarios, tanto académicos, trabajadores administrativos, como estudiantes, me han solicitado  que le dirija esta breves líneas al titular de la JUCOPO como al resto de los diputados de la actual legislatura estatal, con el propósito de solicitar que  intervengan para resolver a la mayor brevedad posible la crisis de legalidad que actualmente se registra en la UV: se trata, de manera puntual,  de la solicitud de interpretación auténtica de la normatividad universitaria.

La Universidad Veracruzana (UV), institución autónoma por ley pero intrínsecamente vinculada al marco normativo estatal, se encuentra inmersa en una profunda crisis de legalidad. Esta situación se ha agudizado tras la prórroga del mandato del actual rector, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, por parte de la Junta de Gobierno de la Universidad, una decisión que ha sido ampliamente cuestionada por su falta de sustento legal y por usurpar funciones que no le corresponden, conforme al marco jurídico vigente.

Ante esta grave anomalía institucional, de acuerdo con lo expresado por destacados juristas de la entidad, así como otros a nivel nacional, el Congreso del Estado de Veracruz, como órgano legislativo y garante del Estado de Derecho, tiene la obligación ineludible de intervenir a través de una interpretación auténtica de la Ley Orgánica y la de Autonomía de la Universidad Veracruzana. Esto no solo es legalmente procedente, sino también urgente para restaurar la certidumbre jurídica y funcional de la Universidad.

La ley es clara y categórica: el periodo rectoral es de cuatro años. No hay disposición alguna que faculte a algún órgano universitario a modificar esa duración. No existe en la Ley Orgánica ni en el Estatuto General de la UV la figura de prórroga o extensión del mandato del Rector. En todo caso, si el rector saliente tiene menos de 65 años de edad, tendrá que sujetarse a una convocatoria donde contenderá con otros aspirantes a la rectoría, en igualdad de condiciones. Además, la Junta de Gobierno no tiene competencia para interpretar la ley, ni siquiera en su ámbito universitario. Es decir, en ningún momento se le otorgan facultades para interpretar normas legales o modificar plazos establecidos por ley.

¿Quién puede interpretar la ley? El Congreso del Estado es el único órgano con competencia para realizar una interpretación auténtica de una norma legal. Esta facultad está contemplada en el Artículo 55, fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que establece: “Son facultades del Congreso: […] III. Interpretar, reformar y derogar las leyes y decretos que expida.”

Desde mi  punto de vista y del grupo de académicos que represento, es necesario que el Congreso de Veracruz asuma su papel como garante de la legalidad y la estabilidad institucional. No se trata de intervenir en la autonomía universitaria, sino de ejercer su facultad constitucional para ofrecer certeza jurídica en un momento de crisis. Esta interpretación auténtica no solo resolvería conflictos normativos, sino que abriría el camino a una normalización de la vida universitaria en todos sus ámbitos; pero además, se enviaría un mensaje claro de que el Estado está comprometido con el fortalecimiento de sus instituciones educativas, con el respeto a la legalidad y con la protección del interés público.

Para toda la comunidad universitaria está claro que la Universidad Veracruzana es mucho más que una institución educativa: es un patrimonio colectivo de los veracruzanos. Su estabilidad es clave para el desarrollo científico, la movilidad social, la economía regional y la paz social. Ignorar la crisis de legalidad que hoy afecta a nuestra Máxima Casa de Estudios traerá consecuencias negativas a varias generaciones de veracruzanos  Por ello, urge que el Congreso de Veracruz actúe con prontitud y responsabilidad, realizando una interpretación auténtica de su normatividad, para restaurar el orden, la legalidad y el futuro de la Universidad Veracruzana.

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