De los aspirantes internos de Morena que en 2023-2024 le disputaron la candidatura presidencial a Claudia Sheinbaum, el que indirectamente aparece en dos expedientes penales es el líder del Senado, Adán Augusto López, lo que ha provocado que incurra en contradicciones, como el exabrupto de anteayer, cuando amenazó al líder de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, por haber denunciado el caso del líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, ex jefe policiaco de Tabasco.
López Hernández pidió a la opinión pública del país estar atenta a un probable juicio contra Anaya Cortés, por presuntos actos de corrupción. “Quienes hoy piden investigaciones, que empiecen por responderle al pueblo de México si ya se determinó el no ejercicio penal en las averiguaciones en las que está involucrado el propio Ricardo Anaya, actual coordinador del PAN, y su familia”, declaró el tabasqueño, el mismo que sesiones atrás elogiaba al panista diciendo que era un “caballero” y alguien con quien sí se podía dialogar.
Sin embargo, ahora, Adán Augusto ligó el nombre de Anaya con el accidente en donde perdió la vida del exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y acusó al senador de Acción Nacional de huir del país en el sexenio de López Obrador, pues se investigaban los negocios del panista. “Los mismos que hoy exigen transparencia, como Anaya, fueron los que guardaron silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y Ramón Martín Huerta (ex secretario de Seguridad Pública). En aquel tiempo, Ricardo Anaya y su partido eligieron proteger a los suyos antes que decirle la verdad al país”, expresó.
“Resulta cínico que quienes no tuvieron la capacidad ni la voluntad de investigar los crímenes más oscuros de los gobiernos del PAN, hoy pretendan erigirse como fiscales. Ellos callaron porque fueron parte de un sistema podrido de complicidades y corrupción que sumió a México en la violencia y en la impunidad”, agregó el tabasqueño.
Los deudos y correligionarios de los extintos secretarios de Estado deberían exigir a la FGR –encabezada actualmente por Alejandro Gertz Manero, a quien Ramón Martín Huerta sustituyó en la SSP federal el 13 de agosto de 2004– que cite a declarar a Adán Augusto para que aporte lo que supuestamente sabe sobre los accidentes aéreos en que fallecieron los colaboradores de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, que aspiraban a suceder a los mandatarios panistas. Huerta ya había sustituido interinamente a Fox en la gubernatura de Guanajuato de 1999 al 2000.
En su arremetida, Adán olvidó una tragedia similar ocurrida la noche del 28 de julio del año antepasado: el sospechoso desplome de la avioneta tipo Cessna, matrícula XBVFJ, que trasportaba al empresario Daniel Flores Nava, amigo cercano y principal financiador de su precampaña presidencial. Según la carpeta de investigación número VER/XVII/F1/3160/2023, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial del puerto de Veracruz, la aeronave despegó a las 20:47 del Aeropuerto Internacional “Heriberto Jara Corona” y tres minutos después se desplomó frente al nuevo recinto portuario de la zona norte de la ciudad. Solo viajaban Flores Nava y dos tripulantes.
Ahora, sin embargo, sobre el caso de su ex jefe policiaco recién capturado en Paraguay, López Hernández afirmó que “esa es la diferencia con el pasado: los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones”, manifestando su plena disposición para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requieran. Pero lo dice porque sabe que tiene a su favor a la FGR así como a los jueces, magistrados y ministros recién electos del Poder Judicial federal, por lo que seguramente también será exculpado como el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que nunca actuó contra sus dos sobrinos que operaban la red de huachicol en las aduanas marítimas del país.
Por eso también se deslindó del empresario Saúl Vera Ochoa, dueño de Tampico Terminal Marítima –a cuyo muelle concesionado llegaban los buques cargados de huachicol–, una de cuyas empresas asociadas, Acuitab, se constituyó casualmente en la notaría pública de Adán en Villahermosa, Tabasco, en agosto de 2022. Vera Ochoa fue otro de los que apoyaron la precandidatura presidencial de López Hernández, quien, al parecer, con este par de expedientes, solamente sería “neutralizado” por Sheinbaum en la sucesión de 2030. Ya lo sabremos.
DEJAN SIN QUINCENA A JUECES
Y MAGISTRADOS RECIÉN ELECTOS
Ayer trascendió que los nuevos jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz no cobrarán su quincena hoy sino tal vez hasta el 15 de octubre próximo, lo que obviamente ha generado un gran malestar entre los impartidores de justicia recién electos.
Además, se comenta en redes sociales que, de paso, el Órgano de Administración Judicial, que ya enfrenta problemas internos, los amenaza con quitarles el cargo que el pueblo les dio.
Tal situación ha generado descontento entre los flamante jueces y juezas, quienes señalaron que, desde la primera semana, al recibir sus adscripciones, entregaron toda la documentación requerida precisamente para garantizar su sueldo, por lo que reprocharon la mala organización por parte de la presidenta de dicho órgano, Alma Rosa Flores Ceballos, pues dicen que parece no entender que al trasladarse a una nueva ciudad y comenzar prácticamente una vida nueva, los impartidores de justicia requieren tener asegurado su salario.
En la red social X, antes Twitter, se publicó ayer un comunicado del día 12 de este mes, firmado por Carlos Espíritu Cabañas, Secretario Ejecutivo del Órgano de Administración Judicial, en el que se informa al personal de nuevo ingreso del Poder Judicial del Estado de Veracruz que “por acuerdo superior, en atención a los artículos 174 y 185 de la Ley Orgánica del PJE y como parte de las atribuciones de este órgano colegiado, como es la de establecer las disposiciones necesarias para el ingreso del personal a esta entidad; por este conducto me permito hacer de su conocimiento que deberán entregar la documentación pertinente que les fue requerida para su alta como trabajadores del Poder Judicial del Estado, ante la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración; lo anterior a más tardar el dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, para estar en condiciones de que esta institución, a través del área respectiva realice el pago de su salario; en el entendido que de no hacerlo, se suspenderá todo movimiento administrativo y no recibirán los emolumentos correspondientes, sino hasta la segunda quincena de octubre del año en curso.”
¿Qué tal, eeeehhhh? Esto sí es justicia pronta y expedita.
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