Cría cuervos y se esconderán en el baño

El Programa de Ordenamiento para Motocicletas 2025, impulsado por la gobernadora Rocío Nahle, busca modernizar el padrón vehicular y reforzar la seguridad. En los hechos, la iniciativa se estrella contra oficinas saturadas, citas virtuales fallidas y un personal que parece entrenado en el arte de la hostilidad administrativa.

El miércoles 10 de septiembre, los ciudadanos en las oficinas de Hacienda Xalapa Norte ya no pudieron más. Después de semanas de humillaciones, el valor por fin hizo erupción, en donde la realidad no solo supera la ficción: la burocracia se ha convertido en un depredador de derechos humanos. Ahí, el zumbido de los ventiladores no alcanza a disipar el olor a impunidad que flota entre filas interminables, carteles oficiales desactualizados, trámites que se convierten en castigo y gestos de autoridad convertidos en armas de intimidación, los baños, cerrados como símbolo perfecto de un Estado que se niega a reconocer las necesidades más básicas. En México, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Inegi, 2023), 47.9% de los trámites implican algún tipo de costo extra no previsto: dinero, tiempo, humillación. La burocracia se convierte así en una máquina de exclusión.

Al parecer la corrupción en Veracruz tiene un nuevo domicilio: el baño de la Oficina de Hacienda de Xalapa Norte. Sí, leyó bien: el baño. Ese cubículo de azulejos fríos y pestilencia cotidiana se ha convertido en la trinchera de Lisbeth Cristina Neri García, jefa de la oficina, cada vez que la indignación ciudadana toca a la puerta. Una vez más, cuando decenas de contribuyentes hartos de humillaciones y maltrato se manifestaron, ella se atrincheró en su “lugar seguro”, su lugar más íntimo y simbólico. Ahí donde, según testigos, suele refugiarse cuando cada vez que la oficina entra en crisis por su mal manejo: no para resolver problemas, sino para cagar el tiempo y perder el poder, como si el inodoro fuese su trono y la descarga de agua el aplauso que nunca tuvo.

Mientras tanto, afuera, la escena era otra: filas de ciudadanos que ya no resisten más. Adultos mayores, personas con capacidades diferentes, trabajadores que madrugan para alcanzar una ficha, durmiendo en banquetas para un trámite que debería ser de rutina. En teoría, el Programa de Ordenamiento para Motocicletas 2025 —anunciado por la gobernadora Rocío Nahle como un mecanismo para dar certeza jurídica y fortalecer la seguridad— debía ser un paso hacia la modernización. En los hechos, se ha vuelto un mecanismo de tortura burocrática: citas virtuales que fallan, oficinas saturadas, baños cerrados y personal que parece entrenado en el arte del desprecio.

¿Quién manda realmente en la oficina de Hacienda? Usted podría pensar que es la jefa de oficina, Lisbeth Cristina, esa funcionaria de criterio flexible. Pero no nos engañemos: nadie gobierna sola un reino de arbitrariedades: Israel Octavio Caballero de la Rosa, Director General de Recaudación, quien, en palabras de Lisbeth y oídos de sus más cercanos colaboradores, además de ser su jefe presume tener vínculos afectivos. El amor en tiempos de Hacienda: ella sin cédula profesional, con historial de violentar física y psicológicamente a contribuyentes, hacer uso de la fuerza pública para amedrentar inconformes y llegar a la hora que quiere, dicta reglas como si fueran mandamientos bajados de la montaña del capricho, los empleados son el muro de contención de su berrinche; él, defendiéndola a capa y espada.

El problema no es anecdótico. Datos oficiales de la Sefiplan señalan que en Veracruz circulan más de 850 mil motocicletas, de las cuales alrededor de 40% no está regularizado. El programa de reemplacamiento, que arrancó en junio, debía abarcar este universo en seis meses. Eso significa procesar más de 140 mil trámites mensuales. Imposible con oficinas donde apenas se atienden unas decenas de casos diarios. La saturación no es casual: es estructural.

Horas después de la protesta, la Secretaría de Finanzas y Planeación publicó un comunicado que pretende ser bálsamo, pero termina siendo insulto. “Ante la adopción de medidas para combatir la corrupción —reza el texto— un grupo de gestores ha iniciado acciones que pretenden ejercer presión para revertir los avances”. La narrativa oficial es clara: los culpables no son los funcionarios que ejercen violencia ética, social y política, acoso y abuso de autoridad, ni los que ponen en riesgo la seguridad jurídica y laboral de otros, sino los gestores.

Criminalizar a los gestores es tan absurdo como culpar al paraguas de la lluvia. La gente recurre a ellos porque el propio gobierno genera obstáculos que hacen imposible el trámite directo. Demonizarlos es un gesto insolente que oculta la verdadera podredumbre: la incapacidad institucional para garantizar derechos básicos. ¿Y si el verdadero enemigo de la modernización no es el “coyote” de la banqueta, sino el burócrata que se esconde en el baño?

El texto oficial sentencia: “…la Secretaría reafirma su compromiso con la lucha anticorrupción. Para ello, se ha diseñado una estrategia clara que canaliza nuestros esfuerzo hacia la modernización integral de las Oficinas de Hacienda del Estado. Este plan incluye desde el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura, incluyendo la adopción de nuevas medidas de seguridad, hasta la automatización de procesos; con el fin de reducir los tiempos de trámite, mejorar la atención a las y los contribuyentes, y garantizar un servicio público digno, eficiente y transparente”.

¿Neta? Después de tres meses de un programa que huele más a tortura que a modernización, ¿apenas descubren que el servicio ha sido indigno? ¿Era necesario criminalizar a los gestores, cuando son precisamente las trabas absurdas y el maltrato oficial lo que ha multiplicado la demanda de sus servicios? El comunicado, en vez de disculparse con los ciudadanos vejados en filas, señala con dedo acusador a quienes mitigan el daño que la propia Secretaría provoca.

El comunicado cierra: “Nuestro deber y compromiso serán siempre, con la gente y el pueblo de Veracruz que depositó su confianza en nosotros. Priorizamos el interés general sobre los intereses particulares que, en el pasado, desviaron la función pública para beneficio propio”. ¿Qué prácticas del pasado denuncian? ¿Las de los mismos funcionarios que hoy despachan en cargos reciclados, algunos con historial de abusos y nepotismo? ¿O las de los que siguen considerando las oficinas públicas como feudos privados?

Veracruz no solo paga un alto costo político por estas prácticas; paga un precio social que se traduce en frustración, desconfianza y resignación ciudadana. La gobernabilidad se tambalea cuando la ley es un accesorio flexible, y la administración se convierte en teatro de arbitrariedades. Cada fila, cada negativa de trámite, cada abuso laboral es un crédito social que los funcionarios están tomando a nombre del pueblo, sin interés que pagar… por ahora.

La contradicción no termina ahí. Si el horario oficial es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿por qué la lista de contribuyentes a atender se corta a las 9 de la mañana? ¿Qué hacen los burócratas en esas horas de clausura interna? ¿Es parte de la “modernización integral” que presume el comunicado? Porque lo único integral aquí parece ser la incongruencia.

Y aquí está la lección más dura: Que nadie se acostumbre. Que nadie lo vea como “parte del trámite”. Porque lo que hoy parece una fila burocratica, mañana será la fila para cualquier derecho. Y cuando el abuso se vuelve paisaje, el poder ya no necesita justificar nada: solo basta con que nosotros guardemos silencio. Por eso, toca nombrar lo que pasa, denunciarlo, resistirlo. Porque un trámite no puede ser sinónimo de tortura y un funcionario no puede esconderse tras un retrete mientras el pueblo grita.

Me detengo a pensar, con la terquedad de quien aún quiere creer, si la Gobernadora sabe realmente lo que ocurre bajo su nombre. Y es que cuando habla de trabajar por Veracruz por varios momentos me convence, o quizá es mi esperanza la que insiste en creerlo, porque sin ese resquicio de fe la realidad sería como la levedad del ser.

Sin embargo, mis investigaciones siguen en el aire, flotando en ese limbo donde los veracruzanos hemos aprendido a archivar la corrupción. Ese lugar sombrío que ya no sorprende, sino que nos define; ese espacio donde guardamos las preguntas que nunca tienen respuesta. Ahí se acumulan las razones por las que, al salir de nuestro estado, nos reconocen no por la riqueza de nuestra tierra ni por la fuerza de nuestra gente, sino por los excesos, las atrocidades y los saqueos que por varios sexenios nos han puesto de moda por las peores razones.

Si insisto en repetirlo es porque creo que, ante la indiferencia oficial, lo mínimo es dejar constancia. Registrar lo que sucede es un antídoto contra el olvido, un recordatorio de que los funcionarios que hoy saquean y mañana pedirán el voto no podrán alegar inocencia ni fingir que nadie los señaló. Veracruz carga con una fama heredada de abusos, un espejo empañado que refleja una triste imagen: gobiernos que se suceden, promesas que se diluyen y ciudadanos que aprendimos, a fuerza de golpes, a resistir con dignidad aun cuando nos intenten robar la esperanza.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿y si lo más peligroso no son los zopilotes que están afuera, esperando la carroña, sino los cuervos que anidan dentro del gobierno, picoteando desde las oficinas y direcciones?.