Caen exfuncionario y siete colaboradores por fraude millonario contra el ISSSTE

Ciudad de México.– En un hecho inédito, una jueza federal ordenó vincular a proceso a un ex alto mando de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y a siete de sus colaboradores por su presunta participación en un laudo irregular que habría causado un perjuicio de 16.7 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La resolución fue dictada por Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, quien determinó que existían elementos para procesar a José Cruz Franco Mendoza —expresidente de la Junta Número 4 de la JFCA— y a sus exsubordinados, al considerar que todos formaron parte de un plan para avalar una demanda laboral sustentada en hechos falsos.

De acuerdo con la investigación del periódico Reforma, el supuesto juicio laboral favoreció a dos trabajadores que lograron obtener, de manera fraudulenta, pagos por nivelación salarial y una pensión por incapacidad permanente derivada de un accidente automovilístico que nunca ocurrió.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) acusó directamente a Christian Ibarra Martínez y Ana Gabriela Rodríguez Margarito como beneficiarios del fallo manipulado. Junto a Franco Mendoza, fueron señalados Rosa Tapia Nieto, Moisés Islas Ruiz y Raúl Escobedo Pérez, así como Ana María Guadalupe Villegas Villegas, Julio Sereno Celaya, María Nohemí Aline Herrera Gutiérrez y Armando Velázquez González.

Excepto Franco y Escobedo, todos continúan activos en la JFCA, organismo dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Funcionarios ministeriales señalaron que es la primera vez que servidores públicos en funciones de este organismo enfrentan un proceso penal.

Un caso lleno de irregularidades

El caso inició el 21 de junio de 2022, cuando la Junta Número 4 admitió una demanda presentada por tres trabajadores, quienes reclamaban diferentes plazas y ajustes salariales. La FEMCC asegura que desde el principio hubo irregularidades, como la falta de poder notarial para que uno de los demandantes fuera representado, la omisión de notificar al ISSSTE sobre el litigio y cambios posteriores en las pretensiones laborales para obtener beneficios económicos más altos.

En octubre de ese mismo año, los abogados de los demandantes incluyeron en la demanda el pago de una pensión por invalidez, alegando un accidente vial en la Ciudad de México ocurrido en 2021. Curiosamente, ambos trabajadores presentaron las mismas lesiones: daños en la columna y cervicales que supuestamente les impedían caminar sin aparatos ortopédicos, además de pérdida del 60 % de la visión.

La FEMCC sostiene que las pruebas fueron fabricadas y que el fallo se construyó sobre testimonios y documentos falsos, lo que derivó en un fraude millonario que hoy tiene a varios funcionarios en la mira de la justicia.

Fuente: Reforma.