La situación actual de la Universidad Veracruzana (UV) frente a la ratificación del nuevo mandato por cuatro años del Rector Martín Aguilar Sánchez es de alta conflictividad y controversia. Este nuevo mandato ha sido calificado como ilegal e ilegítimo por diversos sectores de la comunidad universitaria, exmiembros de la Junta de Gobierno, aspirantes a la rectoría y académicos críticos. Entre los aspectos clave de la situación, destaca que la Junta de Gobierno de la UV aprobó la prórroga del mandato de Martín Aguilar Sánchez sin realizar la convocatoria regular para la elección del nuevo rector, lo que ha generado una ola de rechazo y denuncias de violación a la normatividad interna y a los principios de autonomía universitaria.
Se considera una decisión tomada en opacidad y sin consulta democrática real a la comunidad universitaria, provocando división, desconfianza y una crisis profunda en la gobernabilidad de la máxima casa de estudios del estado de Veracruz. Varios aspirantes a la rectoría, como Jorge Manzo Denes y Rafael Vela Martínez, han interpuesto amparos para impugnar esta prórroga, argumentando su ilegalidad y falta de fundamento constitucional y universitario.
No obstante, varios tribunales federales han desechado algunos de estos amparos recientemente, declarando “infundados los recursos” y confirmando la legalidad de la actuación de la Junta de Gobierno para conceder la prórroga. Se espera que los amparos vigentes sigan su curso en las próximas semanas.
La comunidad académica crítica ha denunciado que el rector ha ejercido un autoritarismo institucional, opacidad presupuestal y falta de diálogo, demandando un nuevo liderazgo con visión renovada. La renuncia de académicos destacados de la Junta de Gobierno como Angélica Buendía Espinosa refleja la gravedad del conflicto y el desacuerdo con el procedimiento utilizado.
La gobernadora del estado se ha manifestado respetuosa de la autonomía universitaria pero ha subrayado la importancia de cumplir con las reglas internas sobre la sucesión rectoral.
En conclusión, la UV se encuentra en un escenario de conflicto institucional grave, con la ratificación del mandato del rector Martín Aguilar Sánchez bajo cuestionamiento legal y político. Mientras la Junta de Gobierno defiende la validez de la prórroga concedida, los aspirantes y sectores universitarios mantienen la impugnación legal y la demanda de un proceso legítimo y transparente para la elección de rector, lo que augura un escenario de disputa judicial y social que continuará en desarrollo en las próximas semanas.
Lo que resulta claro de entender es que al iniciar nuevamente actividades la máxima casa de estudios el Rector Martín Aguilar Sánchez, no tendrá las condiciones para encabezar y coordinar el trabajo de la comunidad universitaria, en donde destacan los malos resultados de su gestión que recientemente está culminando y la falta de acreditación de 27 programas de estudios de posgrado de la Universidad Veracruzana ante el Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONHACYT), y también tiene programas que no están acreditados dentro del Padrón del citado organismo, lo cual es un duro golpe tanto para la máxima casa de estudios de Veracruz, como para los estudiantes que por este gravísimo error que afectará el financiamiento para los aspirantes a posgrados, pues no serán beneficiados por el apoyo en becas a los estudiantes que sean acreditados y sean acreedores a este importantísimo apoyo.
Está aun pendiente observar el comportamiento de la comunidad universitaria, si deciden comportarse como si no pasará nada o son enérgicos y luchan por la independencia de su Universidad, falta también ver si los próximos pronunciamientos de las autoridades judiciales son para apoyar al actual rector o cuestionan y deslegitiman su permanencia al frente de la Universidad Veracruzana.
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*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la licenciatura en comunicación.
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