Caso LadyCejum destapa cloaca: nepotismo, simulación de funciones y posible corrupción

• Pamela Ortega Medina, titular del Centro de Justicia para las Mujeres en Veracruz, habría beneficiado con contratos a modo e incorporado a su pareja sentimental a la nómina, omitido la publicación de metas institucionales; su nombramiento viola requisitos legales y su perfil carece de experiencia en derechos humanos.

Por: Angélica Cristiani Mantilla

El Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz (CEJUM) enfrenta una grave crisis institucional tras revelarse una serie de irregularidades administrativas, posibles actos de corrupción y presuntas violaciones a reglamentos internos y disposiciones legales. Pamela Ortega Medina, actual titular del organismo, ha sido señalada por incorporar a su pareja sentimental, Esteban Víquez, a la nómina con un salario de 21 mil 588.94 pesos como analista administrativo, mientras su empresa, IMCOCO, figura en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado.

De acuerdo con documentación consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia y testimonios de trabajadoras al interior del CEJUM, Ortega Medina también ha sido acusada de ejercer violencia laboral y psicológica, mantener opacidad en el ejercicio institucional —al no publicar su plan de metas— y de incumplir con los requisitos establecidos por el Reglamento Interior de dicho centro descentralizado. Su perfil profesional evidencia una falta de experiencia acreditada en perspectiva de género, derechos humanos o atención a víctimas, condiciones esenciales para asumir la coordinación general del organismo.

La situación ha derivado en cuestionamientos sobre la legalidad de su designación, ya que, de acuerdo con el artículo 39 del Reglamento Interior del CEJUM, la titular del centro debe contar con licenciatura en Derecho y una especialización en derechos humanos, atención a víctimas o perspectiva de género, además de experiencia mínima comprobable de tres años en esas áreas. El perfil público de Ortega, sin embargo, no acredita tales requisitos. Entre sus antecedentes destacan cargos juveniles honoríficos, participación en foros temáticos, actividad en redes sociales y candidaturas menores, pero no experiencia institucional sólida.

El CEJUM tiene por objeto garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia a través de una red interinstitucional de servicios con enfoque de género. Sin embargo, los recientes señalamientos comprometen la legalidad de su operación y evidencian posibles violaciones al Código de Ética del Servicio Público, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el propio Decreto que dio origen al Centro.

Entre las infracciones detectadas destaca la falta de transparencia en la ejecución de recursos y el aparente conflicto de interés derivado de la contratación de personal vinculado afectivamente con la titular. Asimismo, registros de afiliación del PRI muestran que Ortega Medina aún figuraba como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al momento de asumir el cargo, con afiliación activa desde septiembre de 2015.

De igual forma, las colaboradoras cercanas han denunciado un ambiente laboral tóxico, prácticas de hostigamiento y simulación en el cumplimiento de metas, lo que pone en entredicho la capacidad del CEJUM para ofrecer atención integral y digna a las mujeres víctimas de violencia.

La situación se agrava en un contexto donde el gobierno estatal, encabezado por Rocío Nahle García, ha anunciado la construcción simultánea de nuevos CEJUM en Coatzacoalcos, Orizaba, Álamo y Veracruz-Boca del Río con una inversión de 400 millones de pesos, lo cual —más que fortalecer el modelo— podría reproducir un esquema opaco y vulnerado.

El nombramiento de la titular del CEJUM depende directamente del Ejecutivo estatal, conforme al artículo 38 del Reglamento, por lo que recae en la administración actual la responsabilidad directa de revisar la idoneidad del perfil y las acciones emprendidas desde la dirección general.

Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han exigido una revisión exhaustiva del funcionamiento del CEJUM y la rendición de cuentas ante la posible transgresión a principios básicos como la legalidad, la honestidad, la imparcialidad y la eficiencia.

Hasta el momento, no se ha emitido pronunciamiento público por parte del Gobierno del Estado ni de la Junta de Gobierno del CEJUM. El caso, sin embargo, ha destapado lo que algunos han calificado como “una cloaca de simulación institucional”, en un espacio cuya misión debería ser, precisamente, la defensa de la justicia y la dignidad de las mujeres.

Con información y fotos de Bitácoras Políticas.