Ciudad de México. — Claudia Sheinbaum ha puesto fecha límite para uno de los mayores pendientes del sistema de salud: el abasto total de medicamentos. Durante su habitual conferencia matutina, la presidenta anunció el arranque de una nueva estrategia nacional de distribución, con la cual busca garantizar el suministro incluso en las comunidades más apartadas del país antes de que finalice el mes.
El anuncio llega acompañado de una promesa contundente: el 96% de los medicamentos ya estarían disponibles, y casi la totalidad de los tratamientos oncológicos han sido adquiridos, según lo declarado por la mandataria. No obstante, aún restan tres claves pendientes por surtirse. La mandataria señaló que los retrasos obedecen, en buena parte, a fallas logísticas e incumplimientos por parte de proveedores farmacéuticos, por lo que se tomarán medidas correctivas, como la sustitución de empresas distribuidoras.
A pesar del optimismo oficial, el contexto es complejo. La semana pasada, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados —presidida por el morenista Pedro Zenteno— rechazó una iniciativa que buscaba fortalecer la atención del cáncer infantil. Argumentaron que el apoyo financiero actual, de 6 mil pesos, junto con la cobertura reportada del 96%, es suficiente. La decisión desató inconformidad entre asociaciones civiles como Nariz Roja A.C., que acusan al gobierno de minimizar un problema urgente.
Además, el plan de Sheinbaum se presenta en medio de un ajuste presupuestario que ha encendido alertas en el sector salud. En 2025, el Ministerio de Salud enfrenta una reducción del 34% en su presupuesto en comparación con el año anterior, una cifra que representa el recorte más severo en más de una década. Aunque el programa IMSS-Bienestar recibió un aumento de recursos, expertos advierten que este desequilibrio podría obstaculizar la cobertura universal que el gobierno pretende alcanzar.
En este entorno de presión y escepticismo, Sheinbaum reiteró su compromiso con la salud pública, asegurando que el nuevo sistema de distribución evitará los cuellos de botella logísticos que han afectado históricamente el abastecimiento. Sin embargo, organizaciones, familiares de pacientes y sectores de la oposición mantienen su preocupación y demandan que los resultados vayan más allá de los anuncios.
La promesa de agosto será, sin duda, una prueba de fuego para la administración federal, que enfrenta el reto de traducir discursos en soluciones tangibles para millones de mexicanos que dependen del sistema de salud pública.
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