Aprueban nueva Ley de Telecomunicaciones entre acusaciones de censura y vigilancia masiva

Ciudad de México.– En medio de un tenso y polarizado debate legislativo, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada la expedición de una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por el Ejecutivo federal. La iniciativa, que busca regular el espectro radioeléctrico y crear un padrón nacional de infraestructura, fue avalada en lo general con 369 votos a favor, 104 en contra y tres abstenciones, y posteriormente en lo particular, con 343 votos a favor y 129 en contra.

La propuesta establece requisitos más estrictos para mantener líneas telefónicas activas, exigiendo que los usuarios presenten identificación oficial con CURP en el caso de personas físicas y RFC para personas morales. Esta disposición ha sido fuertemente criticada por bloques opositores, quienes la consideran una amenaza a los derechos fundamentales de privacidad, libertad de expresión y acceso a la información.

Nueva comisión y registro nacional

Uno de los cambios estructurales que contempla la ley es la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano que estará a cargo de administrar el Registro Público de Telecomunicaciones y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, una base de datos georreferenciada que incluirá detalles de redes, equipos, instalaciones y sitios públicos utilizados en la transmisión de datos.

Oposición: “Un paso hacia el autoritarismo”

El debate fue encendido. Desde la bancada del PRI, el legislador Rubén Moreira advirtió que esta ley representa “una amenaza directa a la democracia”, mientras mostraba un ataúd blanco con la leyenda “ha muerto la democracia”, acompañado de una corona fúnebre. A su juicio, la reforma abre la puerta a violaciones constitucionales y posibles conflictos con tratados internacionales como el T-MEC.

Otros legisladores, como Miguel Ángel Monraz del PAN, alertaron sobre el surgimiento de un “gobierno espía” que podría utilizar la ley para vigilar, intimidar y censurar a medios, periodistas y ciudadanos. A su vez, Paloma Domínguez (PRI) señaló que la norma no busca facilitar el acceso a la tecnología, sino concentrar información sensible bajo el control estatal.

Desde el grupo parlamentario del PRI también se denunció que con esta legislación “se criminaliza la libertad y se empodera la censura”, al tiempo que se construye un “Big Brother a la mexicana” capaz de acceder a datos personales, rastrear ubicaciones y monitorear comunicaciones privadas.

Oficialismo defiende control y modernización

En contraste, legisladores de la mayoría respaldaron la iniciativa al considerarla una herramienta de modernización, necesaria para garantizar la cobertura nacional de telecomunicaciones, mejorar el uso del espectro y reforzar la soberanía tecnológica del país.

Aunque el oficialismo defendió los cambios como un paso hacia un sistema más ordenado y transparente, las voces disidentes sostienen que la centralización de datos y la falta de controles judiciales convierte al Estado en un ente vigilante con capacidad de intervenir en la vida privada de los ciudadanos.

Próximo paso: publicación y aplicación

Con su aprobación en ambas modalidades, el dictamen fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. De esta manera, México inicia una nueva etapa en la regulación del espacio digital y de las telecomunicaciones, mientras los sectores sociales y políticos seguirán de cerca sus implicaciones reales en materia de libertades civiles.