Sefiplan incumpliría Ley de Adquisiciones por asignación de contratos de manera directa

Xalapa, Ver. – La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (Sefiplan), encabezada por el doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en sus procesos de contratación, al privilegiar adjudicaciones directas y limitar la participación de empresas veracruzanas especializadas.

Según documentación obtenida, la dependencia ha recurrido a mecanismos de invitación restringida en concursos, evitando convocatorias abiertas que permitan una mayor competencia entre proveedores. Esto ha generado inconformidad en sectores empresariales locales que acusan exclusión sistemática.

Uno de los oficios, identificado con el folio DGA/2775/2025 y firmado por la directora general de Administración, Beatriz Guillén Jiménez, muestra cómo se canalizan asignaciones específicas, en este caso para la gestión de seguros, a través de intermediarios previamente designados.

Particularmente, se cuestiona la actuación de la Dirección General de Contrataciones Gubernamentales, que el pasado 26 de mayo emitió un documento instruyendo a la aseguradora Grupo Nacional Provincial S.A.B. a canalizar sus servicios para el parque vehicular oficial exclusivamente por medio de su oficina en Xalapa, representada por Nadia Ramírez Velázquez.

Especialistas en administración pública consultados, quienes solicitaron el anonimato, consideran que este tipo de designaciones restringen la competencia y podrían favorecer intereses particulares. “Las cartas-nombramiento entregan de facto el control de la negociación a una sola persona, lo que genera opacidad y posibles conflictos de interés”, advirtieron.

Ramírez Velázquez, quien se presenta públicamente como empresaria del ramo asegurador con una década de experiencia, ha sido señalada como la única autorizada para solicitar cotizaciones, hecho que, según los expertos, compromete los principios de transparencia y equidad en las contrataciones públicas.

Estas prácticas, señalaron, no solo contradicen los lineamientos establecidos por la Ley de Adquisiciones del Estado, sino que vulneran la confianza en la administración pública al impedir la participación abierta de empresas veracruzanas en condiciones de igualdad.

Desde diversos sectores se espera que el caso sea revisado por instancias superiores y que se garantice la integridad de los procesos de contratación en beneficio del erario y del principio de rendición de cuentas.