Mucho se ha especulado acerca de la supuesta presión del gobierno de los Estados Unidos para que el de México proceda contra la delincuencia de cuello blanco, hipotéticamente confabulada con la delincuencia organizada, cierta o no esa tesis debemos coincidir en el contraste de estrategias para combatir a la delincuencia entre el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum y su antecesor. En ese muy contrastante escenario las pruebas del crecimiento exponencial de las células delincuenciales en México se manifiestan en la intensa actividad de las secretarías de Marina, de la Defensa y de la secretaría de Seguridad con frutos cotidianos que exhiben a la delincuencia organizada en México como un monstruo de mil cabezas, porque pese al gran número de laboratorios clandestinos descubiertos y su correspondiente destrucción, acompañados por el numeroso contingente de generadores de violencia encarcelados, sus sustitutos brotan por doquier. Durante el mandato de López Obrador se le calificó de “narco gobierno”, lo que AMLO rechazó aduciendo frutos de su estrategia de “abrazos y no balazos”, pese al elevado número de desaparecidos (54 mil) y de homicidios dolosos (casi 200 mil) ocurridos entre 2018 y 2024. Pero la operación “Colmena” recientemente aplicada en el Estado de México puso en evidencia a buen número de alcaldes vinculados con la delincuencia, presos unos, otros fugitivos. Ese fenómeno de ediles con nexos delincuenciales se descubrió también en Puebla y en Guerrero; también lo estamos comprobando en Michoacán, donde el alcalde de Uruapan reconoce la virulencia del crimen que opera en su territorio y no vacila en denunciarlo y enfrentarlo. En esa misma entidad, el alcalde de Zitácuaro reconoció haber sido rebasado por el crimen organizado. En Guanajuato, la FGR investiga a 8 alcaldes “con presuntos nexos con el narco”, dice nota periodística. Se descubre una refinería clandestina en Coatzacoalcos, dos buques son detenidos porque su carga proviene del “huachicol fiscal”. En la mini refinería las autoridades suponen participación de personal de PEMEX, en la carga de los barcos se presume la participación de funcionarios de aduanas. Sin embargo, no hay detenidos… todavía.

Abundan las señales de impunidad en nuestro país, porque por huachicoleo pocos han pisado cárcel; de las investigaciones sobre los dos buques detenidos nada se sabe; sobre la corrupción descubierta en BIRMEX por la asignación irregular de contratos para la compra-venta de medicinas, aparte de la certeza del desabasto en hospitales, “las investigaciones” sobre 13 casos siguen su curso sin dar color. En cuanto a la entidad veracruzana, tampoco puede esperarse mucho en materia de procuración de justicia porque, según el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2023-2024 del World Justice Project (WJP), Veracruz se encuentra entre las peores fiscalías de todo el país, ocupa el lugar 26 de 32 estados; señala serias deficiencias en la investigación penal y la procuración e impartición de justicia. No es nuevo ese diagnostico porque la Fiscalía estatal ha sido un permanente lugar común cuando de exigirle resultados se trata, y se ha caracterizado por desoír recomendaciones giradas por la Comisión de Derechos Humanos, y nada suede, porque la fiscal permanece inamovible en su cargo. ¿Qué o quién la sostiene? Que lo averigüe Vargas, decía el clásico.

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