Claudia Sheinbaum asegura que la elección del Poder Judicial fue “todo un éxito”

Ciudad de México. — En un evento histórico que ha captado la atención tanto nacional como internacional, México llevó a cabo hoy sus primeras elecciones judiciales, permitiendo a los ciudadanos elegir directamente a miembros del poder judicial federal. En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum, en un discurso en video posteado en sus redes sociales, celebró el proceso como un “éxito histórico”, destacando la participación de millones de mexicanos en la elección de jueces, magistrados y jueces por primera vez en la historia del país.

Esta reforma electoral, piedra angular de la agenda de la administración, busca democratizar el poder judicial y combatir la corrupción al transitar de un sistema basado en nombramientos a uno donde los funcionarios judiciales son seleccionados mediante voto popular. “Hoy, libremente, millones de mexicanas y mexicanos votaron por los nuevos guardianes de la justicia”, declaró Sheinbaum, enfatizando la importancia de este cambio para empoderar al público.

Sin embargo, la reforma, inicialmente propuesta por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, y defendida por Sheinbaum, no ha estado exenta de controversia. Críticos, incluyendo observadores internacionales y expertos legales, han expresado preocupaciones sobre la posible erosión de la independencia judicial. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, había advertido previamente que tales elecciones podrían priorizar consideraciones políticas sobre los méritos de los candidatos, arriesgando la imparcialidad.

Y es que la elección vio la participación de aproximadamente 13 millones de votantes, una cifra significativa, pero que representa solo una pequeña fracción de la población (100 millones de mexicanos), con muchos optando por abstenerse o anular sus votos. Esta baja participación ha sido interpretada por algunos como un reproche público a la reforma, con voces de la oposición etiquetándola como un “fracaso” y cuestionando la legitimidad del proceso.

La reforma en sí incluye cambios profundos en la estructura del poder judicial, como reducir la Corte Suprema de 11 a 9 justices y limitar sus términos a 12 años. También establece nuevos organismos como el Tribunal Disciplinario Judicial y manda la elección de casi 1,600 posiciones judiciales en varios niveles, desde tribunales distritales hasta la Corte Suprema. Estos cambios se implementarán gradualmente, con más elecciones programadas para 2027.

A pesar de las críticas, Sheinbaum defendió la reforma como un paso hacia un “verdadero estado de derecho”, donde nadie, ni siquiera los más poderosos, está por encima de la ley. Argumentó que el proceso fue transparente, con candidatos seleccionados por comisiones profesionales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y campañas realizadas con austeridad.

Sin embargo, la comunidad internacional sigue siendo escéptica. La perspectiva de un poder judicial potencialmente influenciado por consideraciones políticas ha generado alarmas sobre la estabilidad económica de México y su capacidad para combatir eficazmente el crimen organizado. El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) requiere tribunales independientes, y existen temores de que esta reforma pueda socavar esas disposiciones, disuadiendo la inversión extranjera y complicando los procedimientos legales.

Mientras México navega por este nuevo capítulo en su historia judicial, las implicaciones a largo plazo permanecen inciertas. Si bien el gobierno celebra esto como un hito democrático, el desafío radica en equilibrar la participación pública con los principios fundacionales de la independencia judicial y el estado de derecho. Los próximos años serán cruciales para determinar si esta reforma fortalece la democracia de México o profundiza aún más el control político sobre sus instituciones.